Un juez de Medellín impuso 15 años más de prisión al sargento retirado del Ejército Richard Antonio Pérez, quien ya cumplía una condena de 33 años y 4 meses por el asesinato de su hijo adoptivo, Sergio Andrés Pérez Carrascal, de apenas 5 años. La nueva sentencia, dictada por el Juzgado 29 Penal del Circuito, agrava su situación al reconocer tortura agravada contra el menor, quien sufrió años de maltrato físico, aislamiento y privación de cuidados básicos antes de su muerte en 2016.

Una infancia marcada por la violencia y el encierro

Los hechos se remontan a junio de 2013, cuando Pérez, quien no era el padre biológico del niño, se lo llevó de Medellín a Granada (Meta) mediante engaños para obtener su custodia. Desde entonces, Yeraldín Carrascal Atencio, madre del menor, luchó infructuosamente por recuperarlo. Según su testimonio, el último día que vio a Sergio Andrés fue el 7 de diciembre de 2013, cuando un permiso militar le permitió un breve encuentro. Al día siguiente, el militar la alejó definitivamente del niño, alegando que lo llevaría a pasear.

“Me suplicaba que no lo ‘encochinara’ , y yo, por temor, no lo hacía. Pero al ver que no me lo devolvía, empecé a ir a Bienestar Familiar”, declaró Carrascal en 2016 a Qhubo Medellín. Su lucha legal no logró revertir la situación: desde octubre de 2015, Sergio Andrés quedó completamente aislado, sin contacto con cuidadores, vecinos o incluso su madre.

Testimonios que revelan el horror: golpizas, hambre y encierro

Vecinos del conjunto residencial Sol de Villanueva, en el centro de Medellín, confirmaron que nunca vieron al niño fuera de la vivienda donde vivía con Pérez. “La primera vez que lo vimos fue cuando el militar lo sacó inconsciente para el hospital”, relató un residente. Otro vecino añadió: “Nunca dejaba entrar a nadie a la casa, y el menor nunca fue a una escuela ni tuvo contacto con otros niños”.

Las investigaciones judiciales revelaron un patrón de violencia sistemática:

• Golpizas recurrentes que dejaron fracturas (como la del fémur izquierdo) y múltiples hematomas.
• Desnutrición y falta de atención médica: Sergio Andrés presentaba lesiones internas en intestinos, bazo, páncreas y riñones, además de laceraciones.
• Aislamiento total: Durante los últimos seis meses de su vida, el menor estuvo encerrado en un apartamento, sin escolarización ni interacción social.

El 6 de febrero de 2016, la violencia alcanzó su punto más crítico. Pérez propinó al niño una paliza tan brutal que le causó hemorragias internas masivas. El militar lo llevó entonces a la Clínica Medellín, donde los médicos, al atenderlo, descubrieron las lesiones y alertaron a las autoridades. El menor murió horas después, y Pérez fue detenido cuatro días después (10 de febrero de 2016).

Condena histórica: de 33 años a 51 años y 8 meses

El 13 de agosto de 2019, el Juzgado 29 Penal de Medellín lo condenó inicialmente a 33 años y 4 meses por homicidio agravado y uso arbitrario de custodia. Sin embargo, en 2020, la pena aumentó a 36 años y 8 meses tras revisar agravantes. Ahora, con la nueva sentencia por tortura agravada, la condena total asciende a 51 años y 8 meses, una de las más largas en casos de violencia contra menores en Colombia.

Pérez, quien en 2013 estaba adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército, deberá cumplir su pena en una cárcel de máxima seguridad. Su defensa no ha sido reportada públicamente, pero fuentes judiciales indican que no apelará la decisión.

La madre de Sergio Andrés, Yeraldín Carrascal, ha insistido en que “la muerte de mi niño no quede impune”. Organizaciones de derechos humanos, como Colombia Diversa y Human Rights Watch, han destacado este caso como un ejemplo de violencia institucionalizada y han pedido mayor protección para menores en contextos de custodia conflictiva.

Este fallo refuerza el mensaje de que la tortura y el maltrato infantil no prescriben, incluso cuando el victimario es un exmilitar con entrenamiento en seguridad. La justicia colombiana envía así un mensaje contundente contra la impunidad en casos de violencia extrema.