El Gobierno Nacional decretó un aumento del 7 % en los salarios de todos los funcionarios públicos para 2026, incluyendo al presidente, vicepresidenta, ministros, magistrados y directores de agencias y entidades. Entre los más altos, los directores de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) encabezan la lista con asignaciones básicas mensuales que oscilan entre $34 millones y $39 millones.

Sin embargo, estos montos no reflejan el salario total devengado, ya que sobre la asignación básica se suman primas, bonificaciones, prima de antigüedad y otros pagos asociados a la remuneración. Según Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, el incremento se aplicó directamente sobre la asignación básica, pero el ingreso real puede ser significativamente mayor.

En el escalafón le siguen los secretarios generales y directores generales grado 14 del Senado y la Cámara de Representantes, con $34 millones; el superintendente de Salud, con $32,7 millones; y los directores de la Agencia Nacional de Espectro (ANE) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), con $30,1 millones cada uno.

El experto advierte que ni la asignación básica ni el salario efectivo equivalen al costo total para el Estado, ya que este incluye prestaciones sociales y otros costos laborales asumidos por el empleador. Un análisis con asignación básica sirve como primera aproximación, pero no captura por completo el ingreso total ni el costo laboral.

Germán González, analista político de Orza, explica que los directores de la Ugpp y la ANH lideran la lista por una decisión del Estado de pagar más en sectores donde compite con el sector privado por talento técnico y donde un error de gestión puede tener impactos económicos y fiscales de gran escala. Su diseño salarial privilegia una asignación básica más alta en lugar de una fragmentación en primas, lo que refleja la disposición del Estado a pagar más donde necesita capacidad técnica crítica.

Si se consideran primas y otros rubros, el panorama cambia. La vicepresidenta tiene un ingreso total de $41,3 millones, de los cuales $11,32 millones corresponden a la asignación mensual, $20 millones a gastos de representación y $9,9 millones a prima de dirección. Los ministros reciben $30,7 millones, compuestos por $8,4 millones de asignación básica, $14,9 millones de gastos de representación y $7,3 millones de prima de dirección.

Gina García, gerente de GLR Abogados, aclara que los gastos de representación son un rubro adicional reconocido a ciertos cargos de alta dirección y no corresponden al salario base. No todo el dinero que recibe un empleado público constituye factor salarial: la asignación básica, los incrementos por antigüedad, los gastos de representación (cuando apliquen), la prima técnica y la prima especial en exterior sí lo son, mientras que las primas de dirección, gestión y riesgo, así como las bonificaciones de recreación, no.

La brecha entre los salarios de los directores de agencias y los ministros revela una dualidad entre el poder político y el rigor técnico. Mientras los jefes de cartera compensan una asignación básica moderada con gastos de representación que casi la duplican, aprovechando beneficios tributarios y de flujo de caja, los directores de agencias rompen la jerarquía estatal al percibir sueldos básicos significativamente superiores para competir con los altos estándares del sector privado.

En el caso de alcaldes y gobernadores, el Decreto 0323 de 2026 establece que aquellos clasificados en categoría especial podrán devengar un salario máximo de $27,3 millones, aplicable también al alcalde mayor de Bogotá. Para quienes se ubican en primera y segunda categoría, los salarios máximos son de $23,1 millones y $22,2 millones, respectivamente.

En la Contraloría General, el contralor general es uno de los funcionarios mejor remunerados del Estado, con un ingreso total de $23,3 millones, compuesto por $8,41 millones de asignación básica mensual y $14,9 millones de gastos de representación. El vicecontralor y el director de Información, Análisis y Reacción Inmediata perciben $43,9 millones y $42,8 millones, respectivamente. Para el resto del personal, la escala salarial va desde $3,3 millones hasta $6,7 millones para cargos asistenciales; entre $7,3 millones y $11,1 millones para técnicos y profesionales; entre $12 millones y $16,1 millones para ejecutivos y asesores; y entre $14,2 millones y $21,6 millones para directivos.

En la Auditoría General de la República, el auditor general percibe el mismo salario que el contralor general ($23,3 millones), mientras que el auditor auxiliar devenga $43,7 millones, desagregado en $19,1 millones de asignación mensual, $16,1 millones de gastos de representación, $8 millones de prima técnica y $3,2 millones de prima de alta gestión.

Para la Rama Judicial, el Decreto 0297 de 2026 establece que los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tendrán una remuneración mensual de $11,6 millones, de los cuales $4,1 millones corresponden a asignación básica y $7,4 millones a gastos de representación. Adicionalmente, recibirán una prima técnica de $6,9 millones, así como las primas de servicios, navidad y vacaciones, y la prima especial de servicios. Los secretarios generales de las altas cortes percibirán $10,1 millones, de los cuales 50 % corresponde a gastos de representación.

El Gobierno no puede fijar los salarios de empleados públicos de forma discrecional, sino con base en criterios dispuestos en la Constitución Política y la Ley 4 de 1992.