La Contraloría General del país emitió un comunicado en el que advierte que los 18 decretos aprobados bajo la declaratoria del Decreto 0150 de 2026 presentan lagunas estructurales que podrían comprometer la recaudación y el uso de los recursos destinados a atender la emergencia invernal que afecta a ocho departamentos. El organismo de control insta al Gobierno a aplicar con mayor rigor los criterios de la Ley 1523 de 2012, que regula el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).

Principales hallazgos
Según la Contraloría, la falta de claridad en la articulación de los decretos genera incertidumbre sobre la procedencia y la destinación de los fondos. Entre los puntos críticos destacan:

• Recaudo tributario – Se estima que los nuevos impuestos podrían aportar hasta 8,68 billones de pesos. La entidad subraya que estos recursos deben canalizarse exclusivamente a la atención de los daños provocados por la ola de frío, sin desvíos a otras áreas.
• Control de la DIAN – Se requiere fortalecer los mecanismos de fiscalización, particularmente en el impuesto al patrimonio y en los tributos vinculados a los juegos de suerte y azar en línea.
• Reorientación de recursos – Algunos decretos contemplan la transferencia de fondos de programas en ejecución a la emergencia. La Contraloría advierte que esta práctica puede afectar la continuidad de proyectos ya iniciados y recomienda que cualquier movimiento se realice bajo estrictos parámetros jurídicos y técnicos, con un plan de reposición claro.
• Participación de la UNGRD – La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres será la entidad coordinadora para la asignación de los recursos, apoyada por planes de acción específica (PAE) elaborados conjuntamente con ministerios, gobernaciones y alcaldías beneficiarias.

Impacto en la financiación pública
El organismo de control señaló que la simple ampliación de facultades de contratación o la creación de nuevos gravámenes no garantiza una ejecución eficaz. “El verdadero desafío radica en invertir la plata de forma rápida, adecuada y transparente”, afirmó el Contralor General en la declaración oficial. Además, se cuestionó el traslado excepcional de fondos del sector eléctrico a la UNGRD para la recuperación de la infraestructura energética, señalando la necesidad de justificar detalladamente esa operación.

Recomendaciones y próximos pasos
La Contraloría solicita al Ejecutivo:

1. Revisar y ajustar los decretos para alinearlos con la normativa del SNGRD.
2. Implementar un sistema de seguimiento que garantice la trazabilidad de cada peso recaudado.
3. Publicar un cronograma de reembolso de los recursos reorientados, en caso de que los ingresos tributarios no se materialicen según lo proyectado.
4. Mejorar la capacidad operativa de las entidades ejecutoras, como el Ministerio de Minas y Energía, Invías y la propia UNGRD, para evitar cuellos de botella en la puesta en marcha de los proyectos.

Contexto de la emergencia
Desde principios de año, la combinación de bajas temperaturas, heladas intensas y precipitaciones inusuales ha provocado deslizamientos, cortes de energía y pérdidas agrícolas en departamentos como Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Tolima, Huila y Cauca. El Gobierno, mediante el Decreto 0150, declaró estado de emergencia económica para movilizar recursos y mitigar los efectos de la crisis climática.

Reacción del sector privado y la sociedad civil
Organizaciones empresariales y ONG han manifestado su apoyo a la medida de recaudar fondos, pero exigen mayor transparencia. “Necesitamos garantías de que el dinero llegará a las comunidades más vulnerables y no se diluirá en burocracia”, comentó el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá.

La Contraloría General ha puesto el foco en la necesidad de cerrar los vacíos legales de los decretos de emergencia económica para asegurar una gestión responsable de los recursos. Con la presión de la ciudadanía y la vigilancia institucional, el Gobierno deberá demostrar que cuenta con los instrumentos adecuados para enfrentar la emergencia invernal y evitar repercusiones negativas en la financiación de proyectos esenciales.