Un caso inédito en la administración pública colombiana: el ministro del Interior, Armando Benedetti, logró cobrar tres meses de salario retenidos tras una orden judicial, luego de que su cuenta fuera bloqueada por su inclusión en la ‘lista Clinton’ de EE. UU.

En un hecho sin precedentes en la historia reciente del país, el ministro del Interior, Armando Benedetti, recibió más de 100 millones de pesos correspondientes a salarios no pagados durante tres meses, tras una batalla legal que enfrentó al Estado colombiano con decisiones de política exterior de Estados Unidos.

El conflicto se originó en octubre del año pasado, cuando el Gobierno de EE. UU. incluyó a Benedetti en la conocida como “lista Clinton”, un mecanismo que impone sanciones a funcionarios extranjeros por presuntos vínculos con corrupción o actividades ilícitas. Como consecuencia directa, la entidad bancaria encargada de procesar su nómina decidió bloquear su cuenta, argumentando riesgos legales derivados de las sanciones internacionales.

Desde entonces, y pese a seguir desempeñándose en su cargo, Benedetti dejó de recibir su remuneración. Ante la falta de respuesta del Ministerio del Interior y del sistema financiero, el funcionario presentó el 23 de enero una acción de tutela ante un juzgado de Bogotá, solicitando el pago inmediato de los salarios acumulados.

En su argumentación, Benedetti destacó que “la negativa de pago se sustenta exclusivamente en una decisión extranjera sin efectos jurídicos automáticos en Colombia”, una medida que, según su defensa, vulnera principios constitucionales como la soberanía nacional, la legalidad y el derecho al trabajo digno.

El juez, tras analizar el caso, le dio la razón. En un fallo revelado por El Tiempo, se determinó que tanto el Ministerio del Interior como el Comité Operativo de Seguridad del SIIF Nación del Ministerio de Hacienda estaban vulnerando derechos fundamentales del ministro al negarle el pago de su salario.

Sin embargo, la ejecución de la sentencia no fue inmediata. Pese a la orden judicial, el Ministerio mostró reticencia a emitir el desembolso, temeroso de posibles represalias o sanciones por parte de la justicia estadounidense. Esta incertidumbre también afectó al banco receptor, que se negó a entregar los fondos incluso después de que se emitieran dos cheques —uno por 97 millones y otro por 22 millones de pesos— correspondientes a los meses de noviembre a enero.

Fue entonces cuando, el 13 de febrero, Benedetti presentó una segunda tutela, esta vez contra la entidad financiera. El 23 de febrero, el juzgado volvió a fallar a su favor, recordando que, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, “el pago oportuno e integral del salario no solo representa una contraprestación laboral, sino que se erige como una garantía instrumental para la subsistencia digna del trabajador y su núcleo familiar”.

Con esta nueva sentencia, el ministro logró finalmente cobrar lo adeudado, cerrando un capítulo que pone en evidencia las tensiones entre soberanía nacional y presión internacional en temas de corrupción y sanciones unilaterales.

El caso ha generado debate en círculos jurídicos y políticos sobre el alcance de las decisiones extranjeras en la administración pública colombiana. Expertos consultados señalan que, aunque las sanciones de EE. UU. tienen peso diplomático, no pueden prevalecer automáticamente sobre los derechos constitucionales de los ciudadanos colombianos.

Hasta el momento, ni el Ministerio de Hacienda ni la entidad bancaria han emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. Mientras tanto, Benedetti continúa en su cargo, tras recuperar no solo su salario, sino también un precedente legal que podría sentar pauta para futuros conflictos similares.