El Consejo de Estado anuló el nombramiento de Cielo Rusinque al frente de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), tras concluir que no cumplía con los requisitos legales exigidos para ocupar el cargo.

La decisión se produjo luego de estudiar varias demandas acumuladas que cuestionaban la legalidad de su designación, bajo el argumento de que la funcionaria no acreditaba la formación académica ni la experiencia profesional requerida para ejercer como superintendente.

Durante el proceso, el alto tribunal solicitó información al Ministerio de Educación Nacional de Colombia con el fin de verificar la validez y equivalencia de uno de los títulos de posgrado obtenidos por Rusinque en Francia.

Uno de los puntos centrales del análisis fue determinar si dicho título cumplía con los estándares exigidos en Colombia. Según el concepto remitido por el Ministerio, se trataba de un título propio, cuya convalidación debía evaluarse para establecer si podía ser reconocido como un posgrado válido en el país.

El Consejo de Estado concluyó que no se acreditó plenamente este requisito académico. En el fallo, la Sala indicó que el posgrado cursado por la funcionaria tenía como objeto el estudio de las ciencias políticas, un campo que, según el tribunal, no guarda afinidad directa con las áreas técnicas exigidas para el cargo, como la competencia económica, la protección al consumidor, la propiedad industrial y la protección de datos personales.

“Por la nominación del título de posgrado obtenido por la demandada, es posible afirmar que tuvo como objeto único el estudio de las ciencias políticas, disciplina que no resulta afín con los conocimientos básicos esenciales definidos por el manual de funciones del cargo”, señala la decisión judicial.

Además del componente académico, el tribunal también examinó la experiencia laboral presentada por Rusinque, evaluando si estaba directamente relacionada con las funciones de la Superintendencia. Este aspecto fue clave dentro del análisis integral que llevó a la anulación del nombramiento.

Con esta decisión, el Consejo de Estado deja sin efectos la designación de Rusinque en la SIC, en un fallo que reitera la obligación de cumplir estrictamente los requisitos legales y técnicos para el acceso a altos cargos del Estado.

Rusinque sería ‘reenganchada’

Pese al fallo del Consejo de Estado, Rusinque sería reenganchada en el cargo, toda vez que el pasado cinco de marzo, el presidente Gustavo Petro firmó y expidió el Decreto 0226 de 2026, que modifica los requisitos y el procedimiento para nombrar a los superintendentes de Industria y Comercio, Financiera y de Sociedades.

Este decreto reduce y flexibiliza las exigencias previas (vigentes desde 2015, basadas en recomendaciones de la OCDE) para estos cargos clave. Algunos de los cambios más relevantes para ser Superintendente de Industria y Comercio son:

• Antes (según el Decreto 1817 de 2015): Se exigía título universitario + posgrado (maestría o similar) en áreas afines, más 10 años de experiencia profesional relacionada o experiencia docente universitaria. Además, era obligatoria una convocatoria o invitación pública para aspirantes.
• Ahora (con el Decreto 0226): Se eliminan los requisitos específicos y se aplican las reglas generales para empleos directivos del Estado (según la tabla del Decreto 1083 de 2015 y normas relacionadas). Para cargos de grado 25 (como estos superintendentes):
  • Título de maestría + 72 meses (6 años) de experiencia profesional, o
  • Título de especialización + 84 meses (7 años) de experiencia laboral.
  • En niveles más bajos de la tabla general: podría bastar título profesional + solo 12 meses de experiencia.
• La convocatoria pública pasa de ser obligatoria a ser facultativa (discrecional del presidente).

El objetivo declarado del gobierno fue alinear estos nombramientos con el régimen general de cargos directivos públicos, eliminando barreras consideradas excesivas o interpretaciones erróneas de estándares internacionales (como los de la OCDE).

Petro defendió esta medida días después en su cuenta de X, argumentando que se usaban “mentiras” sobre la OCDE para limitar su libertad de nombramiento, y que las superintendencias cumplen funciones constitucionales del presidente.