El caso de Zulma Guzmán, acusada por el envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores en 2024, se complica con la revelación de un nuevo episodio que involucra a su cuñada, Elvira Restrepo, quien habría sido víctima de un intento de envenenamiento meses antes del crimen que conmocionó al país. La Fiscalía General de la Nación confirmó que Restrepo ingirió chocolates contaminados con talio en enero de 2025, en un hecho que refuerza la hipótesis de un patrón criminal sistemático.

Según fuentes oficiales, Restrepo recibió en su residencia en Bogotá un domicilio con chocolates que contenían trazas del tóxico. Tras consumir parte del producto, presentó síntomas graves de intoxicación y fue trasladada de urgencia a la Fundación Santa Fe, el mismo hospital donde fueron atendidas las dos niñas fallecidas meses después. Actualmente, la mujer recibe tratamiento médico en Estados Unidos, donde su estado de salud sigue siendo monitoreado.

Este nuevo hallazgo no solo amplía el número de víctimas potenciales, sino que también profundiza las sospechas sobre un modus operandi repetitivo. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, aseguró que los análisis forenses revelan “similitudes clave” entre los casos: el uso del talio como agente tóxico, el método de envío mediante domicilios y el enfoque en familiares cercanos. “No estamos frente a un hecho aislado. Hay evidencia científica que corrobora episodios con características muy similares”, afirmó Camargo durante una rueda de prensa.

Además de Restrepo, las autoridades investigan un segundo caso vinculado a una mujer identificada como Catalina, y rastrean un tercer envío sospechoso registrado en plataformas de domicilios. Estos indicios apuntan a una posible cadena de envenenamientos planificados, lo que convierte el caso en uno de los más complejos de la justicia colombiana en lo que va del año.

Mientras avanza la investigación, el proceso de extradición de Zulma Guzmán desde el Reino Unido enfrenta obstáculos clave. Aunque el trámite sigue su curso bajo los protocolos bilaterales, la fiscal Camargo advirtió que las condiciones del sistema penitenciario colombiano podrían frenar el regreso de la acusada. “Las condiciones carcelarias deben mejorar. Ese estándar de prisiones que tenemos es realmente intolerable”, señaló, en una declaración que ha generado debate nacional.

Entre las cárceles evaluadas para su reclusión se encuentran La Picota y el Centro de Reclusión para Mujeres El Buen Pastor. Ambas instalaciones serán inspeccionadas por técnicos de la defensa y autoridades británicas, quienes deberán verificar el cumplimiento de estándares internacionales antes de autorizar la extradición.

El caso ha generado una ola de alerta entre las autoridades, que ahora trabajan en la reconstrucción de movimientos, envíos y relaciones personales de Guzmán para determinar si existen más víctimas. La Fiscalía ya solicitó acceso a registros de empresas de domicilios, historiales médicos y comunicaciones electrónicas como parte de una estrategia integral.

Con cada nuevo hallazgo, el escenario se vuelve más inquietante: un presunto envenenamiento en serie, planificado con precisión y ejecutado bajo la apariencia de gestos cotidianos, como el envío de un regalo. El uso del talio —un metal altamente tóxico y difícil de detectar— añade un componente de sofisticación que mantiene en vilo a expertos en criminología y salud pública.

Mientras tanto, las familias afectadas exigen justicia y transparencia. El caso, que comenzó como un trágico episodio familiar, se ha transformado en un foco de atención nacional e internacional, con implicaciones profundas en materia de seguridad, salud y sistema judicial.