El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la liquidación de EPS “quebradas” ha generado un fuerte impacto en el sistema de salud colombiano, en medio de una crisis financiera y de confianza que afecta a millones de usuarios. Durante el Consejo de Ministros del 16 de marzo, Petro afirmó que las EPS en quiebra serán liquidadas y que la reforma a la salud, rechazada por el Congreso, se presentará nuevamente el 20 de julio. Esta medida, según el mandatario, busca evitar que el Estado asuma una deuda de $50 billones para pagar las obligaciones de las EPS privadas.

Sin embargo, expertos como el investigador Giovanni Jiménez de la Universidad Jorge Tadeo Lozano señalan que el concepto de “EPS quebrada” no existe legalmente y que la decisión podría ser subjetiva. El exministro Alejandro Gaviria advirtió que el anuncio genera incertidumbre y podría agravar la crisis, ya que hospitales y clínicas podrían dejar de atender a pacientes por temor a no recibir pagos.

Actualmente, ocho EPS están intervenidas y concentran a 22,8 millones de colombianos. La presidenta de Acemi, Ana María Vesga, explicó que la liquidación es un paso legal cuando las intervenciones no mejoran los indicadores financieros, pero el sistema no está preparado para absorber a esa población. Además, la deuda total de las IPS asciende a $24 billones, lo que complica aún más el panorama.

El anuncio también ha sido criticado como una amenaza a la institucionalidad y a los pacientes, especialmente tras casos como el de Kevin Acosta, un niño de 7 años que murió por negligencia de la Nueva EPS. La incertidumbre generada por las declaraciones de Petro podría profundizar la crisis y afectar la atención médica en todo el país.