El portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, rechazó este lunes las denuncias presentadas por Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia y Países Bajos, que sostienen que el líder opositor Alexéi Navalny murió en febrero de 2024 tras ser intoxicado con la toxina epibatidina mientras estaba recluido en una penitenciaría ártica. “No aceptamos esas afirmaciones; las consideramos parciales e infundadas”, afirmó Peskov en la rueda de prensa diaria.

Peskov calificó el comunicado conjunto de los cinco estados como “muy negativo” y subrayó que Rusia mantiene su versión oficial: la muerte de Navalny se debió a causas naturales, concretamente a una arritmia cardíaca. Según el Kremlin, no existen pruebas que vinculen al gobierno ruso con la supuesta sustancia química.

Un equipo de peritos de varios países analizó muestras biológicas obtenidas poco después del fallecimiento del opositor. Los resultados indican la presencia de epibatidina, un veneno derivado de ranas dardo de América del Sur, cuya toxicidad puede provocar la muerte en cuestión de horas. Los investigadores afirman que los síntomas descritos por los médicos que atendieron a Navalny coinciden con una intoxicación por esta sustancia.

Reacción de la viuda y de los gobiernos occidentales

Yulia Naválnaya, esposa de Navalny, difundió el informe europeo durante la Conferencia de Seguridad de Múnich y acusó al Kremlin de emplear “un arma química” para silenciar a su marido, recordando el caso de Novichok que se atribuyó al gobierno ruso en 2020. La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, declaró que “solo el gobierno ruso tenía los medios, el motivo y la oportunidad para ejecutar este plan”.

Los cinco países firmantes enviaron una carta a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) solicitando una investigación exhaustiva y exigiendo explicaciones sobre la posible violación de la Convención sobre Armas Químicas.

Contexto histórico y político

Navalny, figura emblemática de la oposición rusa, había sido encarcelado en la prisión de alta seguridad IK‑3, ubicada en la región ártica de Jarp, tras ser condenado por supuestos delitos financieros. Desde su detención, organizaciones de derechos humanos y médicos independientes cuestionaron la versión oficial de su fallecimiento, señalando irregularidades en los informes médicos y la falta de una autopsia transparente.

El presidente Vladímir Putin, en un breve comunicado tras la muerte del activista, describió el suceso como “un triste acontecimiento” y reiteró que el Estado había cumplido con los procedimientos legales vigentes. Sin embargo, críticos internacionales acusan al Kremlin de haber obstaculizado cualquier intento de intercambio de prisioneros que pudiera haber salvado la vida de Navalny.