Kevin Arley Acosta Pico, un niño de siete años diagnosticado con hemofilia A severa, falleció el 13 de febrero en Bogotá luego de permanecer cerca de dos meses sin recibir el medicamento indispensable para su tratamiento. La entrega dependía de la Nueva EPS, entidad que actualmente se encuentra bajo intervención administrativa.

Según relató su madre, Katherine Pico, la última vez que logró acceder al factor de coagulación fue el 12 de diciembre. Desde entonces, aseguró, elevó múltiples solicitudes para garantizar la continuidad del tratamiento, pero la respuesta fue que debían esperar la renovación de contratos. “Le pedí, le supliqué que me lo remitieran urgentemente, no me escucharon”, afirmó.

La situación se agravó cuando el menor sufrió una caída de bicicleta en Palestina, Huila. Pese a advertir en el centro asistencial sobre su condición médica y la ausencia del medicamento, presentó hemorragias severas, vómito con sangre y un rápido deterioro. Posteriormente fue trasladado a Bogotá, donde murió en la unidad de cuidados intensivos del Hospital La Misericordia.

La hemofilia A severa es un trastorno que impide la adecuada coagulación y exige suministro continuo del factor correspondiente. Especialistas han reiterado que la interrupción del tratamiento puede desencadenar sangrados internos fatales, incluidos eventos cerebrales.

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Huila, en ese departamento hay 72 pacientes con hemofilia, de los cuales 58 padecen hemofilia tipo A, considerada la más grave, y 14 tipo B. La mayoría, 42 pacientes, residen en Neiva y reciben seguimiento permanente. Desde la entidad se mantiene la exigencia a las EPS para garantizar el tratamiento oportuno, teniendo en cuenta que se trata de una enfermedad congénita que requiere control y acompañamiento desde el nacimiento.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, señaló que el caso refleja fallas estructurales en la disponibilidad y acceso a medicamentos en el sistema de salud. Indicó que los niños, como sujetos de especial protección constitucional, no pueden enfrentar barreras administrativas que pongan en riesgo su vida.

El caso se suma a denuncias recientes por demoras en autorizaciones y entrega de tratamientos por parte de distintas EPS, en medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano. Hasta el momento, la Nueva EPS no ha emitido un pronunciamiento público detallado sobre este caso específico.