La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este martes la Licencia General No 48, que permite a Petróleos de Venezuela (PDVSA) iniciar y mantener actividades de exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos en territorio venezolano. La autorización incluye la provisión, desde EE. UU. o por parte de personas estadounidenses autorizadas, de bienes, tecnología, software y servicios vinculados al sector petrolero y gasífero, siempre bajo estrictas condiciones de control.

Principales alcances de la licencia

• Suministro de equipos y servicios: la medida autoriza la entrega de componentes, herramientas y asistencia técnica para la operación y el mantenimiento de instalaciones de extracción y procesamiento.
• Gestión de pagos: cualquier desembolso a personas bloqueadas, salvo impuestos, permisos o tasas locales, debe canalizarse a través de los Foreign Government Deposit Funds (Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros) o a la cuenta que indique el Tesoro estadounidense, conforme a la Orden Ejecutiva 14373 del 9 de enero.
• Logística y seguros: se permite el fletamento de embarcaciones, la contratación de seguros marítimos y la organización de servicios de transporte, siempre bajo la normativa estadounidense.

Límites y exclusiones

La OFAC dejó claro que la licencia excluye expresamente:

• Operaciones con pagos no comerciales, intercambios de deuda, transacciones en oro o cripto‑activos.
• Negociaciones con entidades sujetas a sanciones de Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China, así como con embarcaciones sancionadas.
• Creación de empresas mixtas, exportación o reexportación de diluyentes y cualquier forma de financiación que no cumpla con los criterios comerciales.

Además, todos los contratos deberán regirse por la legislación estadounidense y cualquier disputa se resolverá en tribunales de EE. UU. La autorización no anula otras restricciones vigentes sobre el sector energético venezolano.

Contexto y repercusión internacional

Hasta la fecha, la multinacional Chevron es la única compañía norteamericana con permiso para operar en Venezuela. La nueva licencia amplía el abanico de actores que pueden participar en la cadena de valor del petróleo y el gas, lo que podría reactivar proyectos estancados por años de sanciones. Analistas de energía consideran que la medida busca equilibrar la presión política con la necesidad de estabilizar la producción venezolana, que sigue siendo crucial para el mercado global.

Por su parte, el gobierno venezolano ha recibido la decisión como “un paso importante para la recuperación del sector petrolero”. El ministro de Petróleo, Alberto Cárdenas, señaló que PDVSA evaluará rápidamente los proyectos que podrán reanudarse bajo el nuevo marco regulatorio.

En Washington, la Oficina de Control de Activos Extranjeros enfatizó que la licencia es “específica y limitada”, y que continuará monitoreando el cumplimiento de los requisitos. La medida forma parte de una estrategia más amplia del Departamento del Tesoro para ejercer presión sobre el régimen de Nicolás Maduro sin comprometer la seguridad energética mundial.

Implicaciones para el mercado

• Inversión extranjera: la autorización podría atraer a empresas de servicios petroleros que antes evitaban el riesgo de sanciones, generando flujos de capital y empleo técnico.
• Precios del crudo: una mayor producción venezolana, aunque todavía limitada, podría contribuir a la oferta global y ejercer una leve presión a la baja sobre los precios internacionales.
• Geopolítica: la decisión muestra la disposición de EE. UU. a flexibilizar ciertas restricciones, siempre que se mantenga el control sobre los canales financieros y se eviten alianzas con países sancionados.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros administra el programa de sanciones económicas de EE. UU., que incluye listas de personas y entidades bloqueadas. La Licencia General No 48 se suma a otras autorizaciones puntuales que permiten actividades específicas en sectores estratégicos, siempre bajo supervisión y con la obligación de reportar cada transacción al Departamento del Tesoro.