La ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, afirmó que la hidroeléctrica Urrá habría tenido una presunta responsabilidad en las recientes inundaciones que afectaron a Córdoba, al superar de manera reiterada los volúmenes máximos de operación autorizados en su embalse. Las declaraciones, realizadas en entrevista con Caracol Radio, generan un debate sobre la gestión de riesgos y la capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos.

Sobreembalsamiento recurrente y fallas en protocolos

Vélez explicó que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) identificó que el embalse de Urrá superó en múltiples ocasiones la Curva Guía Máxima, el nivel máximo permitido de almacenamiento. “Ese volumen máximo ha sido recurrentemente sobrepasado, lo que indica un sobreembalsamiento sistemático“, señaló la ministra.

Según los análisis técnicos, entre 2020 y 2024, el embalse excedió los límites autorizados en al menos el 20 % del tiempo evaluado, mientras que en el segundo semestre de 2025 esa proporción aumentó al 30 %. En enero de 2026, hubo al menos cinco días con niveles críticos, lo que, según Vélez, “puede haber contribuido a la magnitud de las inundaciones”.

Impacto en la capacidad de regulación y riesgos aguas abajo

La ministra destacó que, al operar por encima de su capacidad, el embalse perdió su función de amortiguación, agravando los efectos de las lluvias intensas en zonas aguas abajo. “Cuando la represa está llena, no puede absorber ni redistribuir el agua adecuadamente, lo que incrementa el riesgo de inundaciones”, afirmó.

Esta situación habría influido en las crecientes del río Sinú y sus afluentes, afectando a múltiples municipios cordobeses. Vélez también criticó la falta de alertas tempranas y albergues suficientes, factores que, según ella, agravaron la crisis.

Proceso sancionatorio y responsabilidades institucionales

La Anla adelanta un proceso sancionatorio contra la empresa operadora, basado en seis pronunciamientos técnicos previos que advertían sobre el comportamiento del embalse. Vélez aseguró que la hidroeléctrica conocía las advertencias, pero no tomó medidas correctivas.

Además, otras entidades como la Superintendencia de Servicios Públicos y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) analizarán el caso desde sus competencias. “Esta represa se construyó para desecar tierras, pero hoy debemos reorganizar el territorio en torno al agua”, concluyó la ministra.