Colombia enfrenta una nueva escalada en los costos del crédito tras el anuncio del Banco de la República, generando tensiones con el Ejecutivo y preocupación en los consumidores.

El Banco de la República elevó este miércoles la tasa de interés de política monetaria en 100 puntos básicos, pasando del 9,25% al 10,25%, en una decisión que profundiza el choque entre la entidad emisora y el Gobierno nacional. La medida, adoptada por mayoría en la Junta Directiva —con cuatro votos a favor, dos por una subida menor y uno por mantenerla estable—, busca contener una inflación que cerró en 5,1% y cuyas expectativas superarían ese nivel en 2025 y 2026.

El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, explicó que el incremento responde a la necesidad de reencauzar la inflación hacia la meta del 3%, tras años de desviación. “La persistencia de presiones inflacionarias, especialmente por factores internos como el ajuste salarial y la demanda interna, exige una respuesta decidida”, afirmó durante la rueda de prensa desde Bogotá.

Sin embargo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, expresó en vivo su “total desacuerdo” con la decisión. “Esta medida no es responsable con la realidad económica que vive el país”, sostuvo, criticando que la junta ignore los efectos recesivos de una tasa tan alta en un contexto de desaceleración del crecimiento y presión sobre el empleo.

El alza impactará de inmediato los productos financieros más utilizados por los colombianos. Créditos de consumo, hipotecas, préstamos para vehículos y el uso de tarjetas de crédito se volverán más costosos, lo que podría reducir el consumo privado —motor clave de la economía— en los próximos meses.

Analistas del sector financiero prevén que, con esta nueva tasa, los intereses en créditos rotativos podrían superar el 30% anual, mientras que los préstamos a largo plazo verán ajustes entre 1,5 y 2 puntos porcentuales adicionales. “Cada punto de aumento en la tasa de intervención se traslada directamente al bolsillo de las familias”, señaló Camila Duarte, economista de la firma Andrade & Asociados.

Un dato clave que alimenta la discusión es el impacto del aumento del salario mínimo en 2025. Aunque fue una medida socialmente necesaria, según reconocen varios expertos, ha ejercido presión sobre los precios, especialmente en servicios y comercio. Proyecciones del DANE indican que la inflación podría cerrar 2025 entre el 7% y el 8%, muy por encima del rango meta.

En medio del debate, el Gobierno anunció un contrapeso: en los próximos días se publicará el decreto que reduce en 500 pesos el precio de la gasolina. Una medida de alivio para el transporte y sectores productivos, aunque de efecto limitado frente al impacto generalizado de las tasas altas.

El desacuerdo institucional entre Hacienda y el Banco Central pone en evidencia la tensión entre política fiscal expansiva y una política monetaria restrictiva. Mientras el Gobierno prioriza el crecimiento y la protección social, el banco central apuesta por la estabilidad de precios, incluso a costa de un posible enfriamiento económico.

El mercado ya reacciona: el peso colombiano se fortaleció levemente frente al dólar, y los bonos soberanos ganaron estabilidad. No obstante, las bolsas locales mostraron volatilidad tras el anuncio.

¿Habrá más alzas? Varios analistas creen que sí. “Si la inflación no muestra signos claros de desaceleración en los próximos trimestres, no descartamos que la tasa supere el 10,5% antes de fin de año”, advirtió Juan Pablo Mejía, director de análisis económico de Finmod.

Mientras tanto, los colombianos deberán ajustar sus finanzas personales a un nuevo escenario: más caro, más incierto, y con menos margen para endeudarse.