El ministro del Interior, Armando Benedetti, firmó los decretos 0019 y 0020 que amplían la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP) a 6.870 empleos, una medida que busca fortalecer la seguridad de los protegidos por la entidad. Sin embargo, el sindicato Analtraseg alertó sobre posibles vacíos en los procesos de contratación que podrían afectar los derechos laborales de los actuales trabajadores.

Ampliación de la planta de personal

Los decretos, publicados en el Diario Oficial, justifican la creación de estos empleos como una necesidad para “garantizar la ejecución efectiva de las funciones misionales” de la UNP, así como para “fortalecer su presencia territorial”. De los 6.870 puestos, 1.170 ya habían sido creados temporalmente mediante el Decreto 1268 de 2024 y prorrogados por el Decreto 1595 del mismo año.

La medida busca mejorar la capacidad operativa de la UNP, especialmente en zonas con alta vulnerabilidad, y cumplir con los compromisos institucionales establecidos en el marco normativo.

Sindicato denuncia falta de transparencia en contratación

A pesar del anuncio, el sindicato Analtraseg expresó su preocupación por los mecanismos de selección. Giovanny Gallo, presidente de la organización, señaló que el Decreto 0020 no aclara aspectos clave, como:

• El tipo de armamento que recibirán los nuevos contratados.
• Los criterios de selección, ya que no habrá concursos abiertos ni cerrados.
• La distribución territorial de los nuevos empleos.

Gallo advirtió que, según fuentes internas, los nombramientos podrían realizarse “a dedo”, sin priorizar a los trabajadores con mayor antigüedad en la entidad. “Hay personas que llevan 12, 14 o 16 años en el programa de protección y no tendrán garantía de ser incluidos”, afirmó.

Riesgos laborales y de seguridad

El dirigente sindical también alertó sobre los posibles riesgos laborales y de seguridad que podrían surgir si se contrata personal sin experiencia. “Cerca de 7.000 escoltas podrían quedar por fuera, mientras que personas sin preparación podrían asumir la protección de las personas más amenazadas del país”, advirtió.

Ante esto, Analtraseg solicitó la intervención de la Procuraduría y otros organismos de control para evitar lo que calificó como una “masacre laboral”.