El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la puesta en marcha de un nuevo radar de vigilancia aérea en la ciudad de Ipiales, a escasos kilómetros de la frontera con Ecuador. La medida forma parte de un plan de siete sistemas que el gobierno busca desplegar en todo el territorio nacional para intensificar la lucha contra el narcotráfico y frenar la expansión de las bandas criminales.

El mandatario anunció la decisión a través de sus redes sociales, señalando que los radares “modernos” permiten detectar aeronaves a baja altura y no pueden ser desactivados sin ser detectados. Con una inversión de 342 mil millones de pesos, el proyecto, licitado en 2023, ya cuenta con tres unidades operativas en Carepa, Cali y Leticia; los dos restantes se instalarán en Arauca e Ipiales durante los próximos meses.

Detalles de la instalación

• Ubicación estratégica: Ipiales, punto crítico para el tránsito ilícito de drogas y armas entre Colombia y Ecuador.
• Objetivo principal: Monitorear el espacio aéreo y localizar rápidamente aviones sospechosos vinculados al narcotráfico.
• Alcance del programa: Siete radares distribuidos en zonas de alta vulnerabilidad, con la posibilidad de ampliar el contrato para añadir más equipos.

Petro subrayó que la tecnología “no permite apagarlos ni pasar desapercibidos aviones a baja altura”, lo que, según él, dificultará la operatividad de los carteles de la droga y facilitará la captura de sus líderes.

Reacción del gobierno y de la oposición

El presidente también dirigió un mensaje al presidente ecuatoriano, Rafael Noboa, indicando que la inversión demuestra el compromiso de Colombia con la seguridad regional. “No existen argumentos válidos para acusar a nuestro país; al contrario, estamos fortaleciendo la frontera para beneficio mutuo”, afirmó Petro.

Por su parte, algunos sectores de la oposición cuestionan la prioridad del gasto, argumentando que los recursos podrían destinarse a programas sociales. Sin embargo, el Ejecutivo defendió la iniciativa como una “inversión en seguridad humana” que, a largo plazo, reducirá los costos asociados al crimen organizado.

Contexto de la medida

En los últimos años, Colombia ha experimentado un crecimiento exponencial de las bandas criminales y un aumento en la producción de cocaína, lo que ha generado presión internacional y nacional para mejorar los mecanismos de control. La instalación de radares se inscribe dentro de la estrategia “Seguridad Integral 2024‑2028”, que busca combinar tecnología de punta con la cooperación interinstitucional.

El programa también responde a la tensión diplomática surgida tras acusaciones de Ecuador sobre actividades ilícitas en la zona fronteriza. Con la nueva infraestructura, el gobierno colombiano pretende demostrar capacidad de respuesta y disuadir cualquier intento de contrabando aéreo.

Expertos en seguridad consideran que la vigilancia aérea puede reducir en un 30 % los vuelos de carga sospechosos en la zona, según un estudio del Instituto de Estudios Estratégicos de Bogotá. Además, la presencia de los radares podría incentivar la colaboración entre las fuerzas armadas colombianas y las autoridades ecuatorianas, facilitando operaciones conjuntas contra el narcotráfico.