La operación de Nueva EPS enfrenta un escenario crítico luego de que cuatro juzgados del país incrementaran los embargos contra la entidad hasta superar los $2,1 billones, una cifra que, según la aseguradora, compromete seriamente la prestación de los servicios de salud a más de 11,7 millones de afiliados.

De acuerdo con la información conocida, los embargos pasaron de $422.000 millones a $887.000 millones en noviembre de 2025 y, recientemente, se elevaron a $2.125.890 millones. Estos recursos, fundamentales para el funcionamiento del sistema, permanecen retenidos, lo que ha llevado al bloqueo de cuentas bancarias y a severas restricciones en el uso de fondos de tesorería.

La entidad advirtió que actualmente solo cuenta con el giro directo semanal para cubrir obligaciones con la red prestadora, lo que limita su capacidad administrativa y financiera. De mantenerse las medidas judiciales, Nueva EPS señaló que no solo se vería afectada su sostenibilidad, sino también la de cerca de 5.000 prestadores de servicios de salud en todo el país, muchos de ellos con alta dependencia de los pagos de la EPS.

Los embargos se concentran en demandas presentadas por cerca de 95 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), en su mayoría privadas, y provienen principalmente de despachos judiciales en Florencia y Puerto Rico (Caquetá), así como de un juzgado civil de Bogotá.

Nueva EPS reiteró que los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) son constitucional y legalmente inembargables, al tratarse de fondos parafiscales destinados a garantizar el derecho fundamental a la salud. La entidad informó que ya notificó la situación a la Superintendencia Nacional de Salud, al Ministerio de Salud y a la ADRES, y anunció que agotará todas las vías jurídicas para frenar las medidas, al tiempo que pidió acciones urgentes para evitar un impacto mayor en el sistema de salud.