En el marco de un nuevo consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro planteó la posibilidad de liquidar las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentran intervenidas por el Gobierno, luego de un concepto del Consejo de Estado que autoriza el uso de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para cubrir deudas de periodos anteriores, bajo ciertas condiciones.

De acuerdo con el pronunciamiento, estos recursos pueden destinarse al pago de obligaciones siempre que las deudas no estén vencidas y no se ponga en riesgo la atención de los pacientes. El Ministerio de Salud había solicitado claridad sobre si el principio de anualidad, que limita el uso de los recursos al año fiscal en que se reciben, aplicaba a la UPC. La Sala concluyó que no, al considerar que estos fondos no hacen parte del Presupuesto General de la Nación y tienen una destinación específica.

Durante su intervención, el mandatario sostuvo que las EPS intervenidas concentran una parte significativa de la deuda estructural del sistema de salud y afirmó que el modelo de aseguramiento financiero ha sido un “fracaso” que no ha logrado mejorar los indicadores del sector en más de una década.

Petro advirtió que las EPS estarían utilizando recursos actuales, destinados a la atención de los usuarios, para cubrir obligaciones morosas del pasado, una práctica que calificó como una estafa al Estado. A su juicio, la liquidación de estas entidades permitiría frenar el ciclo de endeudamiento y redirigir los recursos hacia un modelo centrado en la salud preventiva y el fortalecimiento de la red pública hospitalaria.

Las cifras oficiales reflejan la magnitud del problema. A mitad de 2025, las 10 EPS bajo vigilancia especial acumulaban pasivos superiores a los 12,8 billones de pesos, con altos niveles de mora frente a clínicas, hospitales y proveedores. Además, 29 EPS arrastran deudas cercanas a los 39 billones de pesos, originadas en administraciones anteriores.

El Gobierno insiste en que una reforma estructural es necesaria para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y asegurar que los recursos lleguen de manera efectiva a la población, mientras el debate sobre el futuro de las EPS continúa abierto.