La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 001 de 2026 ante las graves violaciones a los derechos fundamentales y al derecho internacional humanitario que se registran en los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda. El organismo advirtió un escenario de riesgo alto derivado de la convergencia y disputa territorial entre grupos armados ilegales.

Según la Defensoría, el riesgo se configura por las pretensiones de consolidación del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a través de su Frente Manuel Hernández “El Boche”, en Pueblo Rico y Mistrató, así como por la expansión del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), mediante su subestructura Edwin Román Velásquez Valle, en los tres municipios.

La entidad señaló que la presencia de estos actores armados responde al interés por controlar corredores estratégicos que conectan a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca. Estas rutas son clave para el fortalecimiento de las estructuras ilegales y el dominio de economías ilícitas, especialmente las asociadas a actividades mineras en la región.

El informe advierte que, en el corto plazo, podría presentarse un recrudecimiento de la violencia y una mayor competencia territorial entre el ELN y el Clan del Golfo. Esta situación afectaría de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado, así como a lideresas y líderes sociales, mujeres, autoridades locales, comunidades indígenas y afrodescendientes, población campesina y firmantes del Acuerdo de Paz asentados en el territorio.

De acuerdo con el trabajo de campo realizado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), el riesgo alto impacta a amplias zonas rurales y urbanas. En Belén de Umbría se identificaron 54 veredas, un resguardo indígena del pueblo Embera Chami y 31 barrios urbanos; en Mistrató, 59 veredas, dos resguardos Embera Chami y cinco barrios; y en Pueblo Rico, 81 veredas, dos resguardos indígenas Embera Chami y Embera Katío, además de tres consejos comunitarios.

La Defensoría también alertó que estos grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas —que incluso alcanzan a alcaldes y servidores públicos— y han generado desplazamientos forzados y confinamientos, afectando principalmente a comunidades étnicas y campesinas.

El deterioro de la situación de seguridad se refleja en el aumento de homicidios con armas de fuego. Mientras que en 2023 se registraron 15 asesinatos en los tres municipios y en 2024 se reportaron 14, en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total acumulado de los dos años anteriores.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo instó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales a adoptar acciones inmediatas y coordinadas, implementar de manera continua las 30 recomendaciones contenidas en la Alerta Temprana 001 de 2026 y fortalecer la capacidad institucional para garantizar la seguridad humana de los habitantes de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico.