Condenan a 40 años de prisión a exjefe paramilitar Salvatore Mancuso por crímenes contra la población wayúu

Por: Maria Jose Salcedo

19 enero, 2026

Salvatore Mancuso afirmó que salió de prisión por pena cumplida: "no le debo nada a la justicia"

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla ha emitido una sentencia histórica, condenando al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a 40 años de prisión, una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo. La condena se debe a los 117 hechos delictivos cometidos contra la población wayúu y otras comunidades de La Guajira entre 2002 y 2006.

Según la Fiscalía, Mancuso, como cabecilla del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ordenó y permitió la comisión de homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, violencia basada en género y otras conductas ilícitas en la región. Uno de los eventos más destacados fue la incursión armada a la ranchería Manaki, en Uribia, el 10 de octubre de 2003, donde varios indígenas wayúu fueron golpeados y maltratados durante cuatro horas, y se destruyeron y hurtaron artículos simbólicos de su cultura.

La sentencia también reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu presentes en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en Uribia, y Matitas en Riohacha. Esto significa que estas comunidades tendrán derecho a recibir reparaciones y compensaciones por los daños sufridos durante el conflicto.

Mancuso regresó a Colombia en febrero de 2024, después de cumplir una pena de 17 años por narcotráfico en Estados Unidos. Sin embargo, su regreso no fue para disfrutar de la libertad, sino para enfrentar los cargos pendientes con la justicia colombiana. Incluso, el presidente Gustavo Petro lo designó como gestor de paz, con el objetivo de contribuir al diseño de procesos de desarme colectivo de los grupos ilegales en el país.

La condena a Mancuso es un paso importante hacia la justicia y la reparación para las víctimas del conflicto armado en Colombia. La sentencia también sirve como un recordatorio de la importancia de proteger los derechos humanos y de garantizar que aquellos que cometieron crímenes atroces sean llevados ante la justicia.