La vía Panamericana, arteria vital entre Cali y Popayán, volvió a ser escenario de un golpe criminal sin precedentes: quince hombres fuertemente armados y uniformados del frente Jaime Martínez, bajo el mando de Iván Mordisco, interceptaron la madrugada del domingo dos camiones tipo “niñera” que transportaban 17 camionetas Toyota 4×4 cero kilómetro y se las llevaron sin disparar una sola bala. El saldo: vehículos avaluados en más de mil cuatroscientos millones de pesos en manos de la disidencia, dos conductores secuestrados por varias horas y una nueva demostración de que en el norte del Cauca quien manda es la guerrilla.

Los camiones provenían del puerto de Cartagena y se dirigían a un concesionario de Pasto cuando fueron interceptados cerca de la entrada a Santander de Quilichao. Según el coronel Miguel Sastoque, segundo comandante de la Policía del Cauca, los delincuentes utilizaron armas de fuego para intimidar a los conductores, quienes fueron liberados horas después en zona montañosa. “Fue una operación rápida, calculada y con información precisa del cargamento”, indicó el oficial.

El robo de camionetas de alta gama en plena carretera troncal no solo rompe el patrón habitual de bloqueos y quemas de tractomulas, sino que revela un salto cualitativo en la capacidad logística de las disidencias. “Estamos ante una guerrilla que ya no solo cobra peaje, sino que selecciona y distribuye vehículos como si fueran botín de guerra”, advirtió el presidente Gustavo Petro durante su intervención radial del lunes.

El frente Jaime Martínez, estructura disidente de las FARC que opera en el corredor montañoso entre Cauca y Putumayo, ya había sido señalado por la Defensoría del Pueblo en múltiples alertas tempranas por reclutamiento forzado, carnetización de campesinos y control de rutas de narcotráfico. El departamento, considerado el más violento del país, acumula 113 acciones armadas en lo que va del año, según el Observatorio de Conflictos de la Universidad del Cauca.

La masacre de El Retorno, Guaviare, con 30 cuerpos regados en la vía y minas antipersona para frenar la llegada del Ejército, ocurrió apenas 48 horas antes del asalto a las camionetas. Ambos hechos, separados por menos de 300 kilómetros, dibujan un mapa de guerra donde las disidencias disputan rutas, sembríos de coca y ahora flotas de vehículos 4×4 que les permiten mover droga, armas y hombres con mayor velocidad.

Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal, fue tajante: “Hasta la guerra perdió la humanidad. Esto no puede pasar como un hecho más”. La Iglesia Católica exige al Gobierno una respuesta institucional inmediata que combine presencia militar sostenida, investigación judicial urgente y protección de las comunidades campesinas que viven entre fuego cruzado.

Mientras tanto, las 17 camionetas Toyota Hilux y Fortuner ya habrían sido repintadas y repartidas entre estructuras disidentes del sur del país. El temor de los analistas es que sirvan para reforzar columnas móviles de elite capaces de golpear y desplazarse antes de cualquier reacción estatal. “No es solo un robo millonario; es una inversión en logística de guerra”, resume el investigador Jorge Mantilla, del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de los Andes.

El Ministerio de Defensa anunció que presentará esta semana una hoja de ruta para recuperar el control vial en el Cauca, pero los habitantes de Santander de Quilichao, Caloto y Corinto ya han escuchado esa promesa antes. Mientras tanto, la Panamericana sigue siendo un corredor donde el negocio de las disidencias avanza a la misma velocidad que las camionetas que acaban de robar.