El secuestro de cinco integrantes de la Policía Nacional en la vía El Zulia–Tibú, atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), agravó la ya crítica situación de orden público y humanitaria en la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, donde persisten enfrentamientos armados, desplazamientos forzados y confinamiento de comunidades rurales.

Los uniformados se movilizaban como pasajeros en un bus de servicio público cuando fueron interceptados por hombres armados en el sector conocido como La Llana. De acuerdo con las autoridades, los policías regresaban de su permiso de fin de año para reincorporarse a sus labores y no se encontraban en desarrollo de operaciones.

El comandante de la Policía en Norte de Santander, coronel Jorge Andrés Bernal Granada, rechazó el hecho y aseguró que ya se activaron todos los protocolos para lograr la liberación de los uniformados. “Condenamos con absoluta firmeza el secuestro de cinco policías en Norte de Santander. Este hecho vulnera la vida y la libertad de nuestros uniformados y afecta la paz y la tranquilidad de la Nación”, señaló.

El oficial indicó que se puso en marcha un despliegue interinstitucional con apoyo de las Fuerzas Militares y autoridades judiciales. Además, anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita ubicar a los secuestrados y facilitar su liberación, garantizando absoluta reserva a las fuentes.

“Hacemos un llamado urgente a respetar la vida, la integridad y los derechos fundamentales de nuestros compañeros. Nada justifica el secuestro ni atentar contra la dignidad humana ni la paz del país”, agregó el comandante policial.

Este caso ocurre en medio de un deterioro sostenido de la seguridad en el Catatumbo, donde el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc mantienen una confrontación por el control de corredores estratégicos hacia la frontera con Venezuela, asociados a economías ilegales y rutas de narcotráfico.

La Defensoría del Pueblo informó que más de 130 familias, cerca de 300 personas, han llegado recientemente a Cúcuta tras huir de combates en municipios como Tibú, El Tarra, Convención y El Zulia. Las comunidades reportan restricciones a la movilidad, amenazas, presencia de actores armados y riesgos por minas antipersonal.

Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), entre enero y diciembre de 2025 se registraron más de 87.000 víctimas de desplazamiento masivo y confinamiento en la subregión, una de las cifras más altas a nivel nacional. Al menos once municipios permanecen bajo alerta de riesgo inminente por la intensidad de los combates.

Organizaciones especializadas señalan que el recrudecimiento del conflicto está relacionado con la ruptura de acuerdos de no agresión entre los grupos armados tras el fracaso de los ceses al fuego, lo que incrementó la presión sobre la población civil.