La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó este sábado que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela en condición de encargada, tras la operación militar de Estados Unidos en Caracas y otras regiones del país que derivó en la captura y traslado de Nicolás Maduro a territorio estadounidense. La decisión se produce en medio de una escalada de tensión política, militar y diplomática sin precedentes recientes en Venezuela.

Con este fallo, Rodríguez se convierte en la primera mujer en la historia del país en encabezar el Ejecutivo nacional. El TSJ argumentó que la medida busca preservar la continuidad administrativa del Estado y garantizar la defensa integral de la nación ante un escenario que calificó de excepcional.

Según la sentencia, leída por la magistrada Tania D’Amelio, presidenta de la Sala Constitucional, la detención de Maduro constituye una situación de “fuerza mayor”, descrita como “excepcional y atípica”, no prevista de manera expresa en la Constitución de 1999. En ese marco, el alto tribunal descartó, por ahora, declarar la falta absoluta del mandatario, lo que implicaría la convocatoria de elecciones presidenciales en un plazo de 30 días.

El TSJ precisó que la decisión no representa una calificación jurídica definitiva sobre la naturaleza de la ausencia presidencial —temporal o absoluta—, sino una medida orientada a asegurar el funcionamiento del Ejecutivo en un contexto de crisis. La Constitución venezolana, en su artículo 234, establece que el vicepresidente puede suplir las faltas temporales del presidente hasta por 90 días, prorrogables con autorización del Parlamento.

El fallo se conoce a pocas horas de la instalación del nuevo periodo legislativo de la Asamblea Nacional, prevista para el lunes 5 de enero. Sin embargo, el tribunal no aclaró cuándo ni bajo qué condiciones se realizaría una eventual juramentación formal de Rodríguez ante el Parlamento.

Tras ser notificada de la decisión, Delcy Rodríguez activó de inmediato el Consejo de Defensa de la Nación y solicitó al TSJ la revisión de constitucionalidad de un decreto de estado de conmoción exterior. De acuerdo con el dictamen judicial, su condición de presidenta encargada le otorga facultades para ordenar la movilización total de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y disponer la toma militar de servicios públicos estratégicos e infraestructura petrolera.

El anuncio ha reavivado el debate jurídico sobre la legitimidad institucional en Venezuela. Constitucionalistas advierten que, aunque la Carta Magna contempla la suplencia presidencial, el escenario actual no tiene precedentes claros, especialmente por tratarse de la captura del jefe de Estado por una potencia extranjera.

Analistas subrayan que esta crisis se suma a un contexto de cuestionamientos internacionales sobre la legitimidad del Ejecutivo, agudizados tras las elecciones de 2024. En ese marco, la gobernabilidad de Rodríguez dependerá, según expertos, del control efectivo del territorio, la cohesión de la cúpula militar y la capacidad del Estado para sostener el funcionamiento de los servicios esenciales.

Mientras tanto, la decisión del TSJ coloca a Venezuela en un terreno jurídico y político inexplorado, con profundas implicaciones para el orden constitucional y el futuro inmediato del poder en el país.