La Defensoría del Pueblo reveló que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 fueron asesinados en Colombia 165 líderes sociales y 37 firmantes del acuerdo de paz, un balance que da cuenta de la persistencia de la violencia contra poblaciones protegidas y del deterioro de las condiciones de seguridad en amplias regiones del país. A estas cifras se suman 75 masacres que dejaron 247 víctimas, lo que llevó a la entidad a advertir que la defensa de los derechos humanos en el territorio “no puede seguir costando vidas”.

En su más reciente informe, el organismo de control presentó una radiografía de la violencia letal que continúa afectando a líderes, lideresas, personas defensoras de derechos humanos y excombatientes en proceso de reincorporación. Según la Defensoría, durante los primeros once meses del año se registraron 202 asesinatos selectivos contra estas poblaciones, lo que evidencia que la persecución no ha disminuido y que las garantías para el ejercicio del liderazgo social siguen siendo insuficientes.

Del total de 165 homicidios de líderes sociales confirmados en 2025, 143 correspondieron a hombres y 22 a mujeres. Estas cifras alimentan un registro histórico que la entidad calificó como devastador: desde enero de 2016 hasta noviembre de 2025, el Estado ha documentado 1.653 asesinatos de líderes sociales, lo que, a juicio de la Defensoría, confirma que se trata de una práctica sistemática y no de hechos aislados.

El análisis territorial ubicó al Cauca como el departamento más afectado, con 36 líderes asesinados. Antioquia registró 21 casos y el Valle del Cauca 17, conformando un corredor crítico de violencia en el suroccidente y noroccidente del país. Norte de Santander, con 10 homicidios, y Nariño, con 9, también aparecen como zonas de alto riesgo para quienes ejercen labores de defensa de derechos humanos y liderazgo comunitario.

La evolución mensual de estos crímenes mostró que la violencia se mantuvo constante a lo largo del año, con picos significativos. Marzo fue el mes más letal, con 20 asesinatos, seguido de febrero y noviembre, que registraron 18 casos cada uno, lo que refleja una presión sostenida de los actores armados sobre estas poblaciones.

La Defensoría también alertó sobre la situación de los firmantes del acuerdo de paz. Entre enero y noviembre de 2025 se contabilizaron 37 asesinatos de excombatientes en proceso de reincorporación. Los departamentos más afectados fueron Norte de Santander y Arauca, con seis casos cada uno, seguidos por Cauca, con cinco, y Caquetá, con cuatro. Según el informe, la mayoría de estos crímenes se concentraron en zonas de frontera y territorios con disputas por el control armado.

En cuanto a la violencia colectiva, el reporte confirmó 75 masacres durante el periodo analizado, con un saldo de 247 personas asesinadas. El Valle del Cauca encabezó esta estadística con 16 masacres, seguido de Antioquia con 12 y Norte de Santander con 9, departamentos donde la Defensoría identificó patrones de intimidación y control territorial por parte de grupos armados ilegales. Agosto fue el mes más crítico, con 15 masacres registradas, mientras que febrero presentó el menor número, con dos eventos.