La justicia de El Salvador condenó a decenas de integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) a penas que suman varios siglos de prisión, incluido un caso con una sentencia de 1.335 años, informó este domingo la Fiscalía General de la República. Las condenas se producen en el contexto de la estrategia de seguridad impulsada por el presidente Nayib Bukele, enfocada en el combate frontal a las pandillas.

Según la Fiscalía, un total de 248 pandilleros de la MS-13 fueron hallados culpables de 43 homicidios, 42 desapariciones de personas y otros delitos graves. La entidad no precisó la fecha exacta de las sentencias ni si corresponden a procesos colectivos, una práctica frecuente desde la implementación del régimen de excepción vigente en el país desde marzo de 2022.

Entre los condenados, uno de los miembros de la pandilla —catalogada como organización terrorista por Estados Unidos— recibió una pena de 1.335 años de prisión. Otros diez fueron sentenciados a condenas que oscilan entre 463 y 958 años de cárcel, de acuerdo con el reporte oficial divulgado en la red social X.

La Fiscalía detalló que los crímenes fueron cometidos entre 2014 y 2022 e incluyen el asesinato de un estudiante universitario y de una futbolista, así como casos de extorsión y tráfico de drogas. De acuerdo con la investigación, los pandilleros habían establecido bases en distintos sectores de la provincia de La Libertad, desde donde planificaban y ejecutaban acciones delictivas.

El ente acusador también señaló que la estructura criminal extorsionaba de manera sistemática a comerciantes y propietarios de negocios, a quienes exigían pagos periódicos bajo amenaza de atentar contra sus vidas. Estas prácticas formaron parte del sustento probatorio presentado en los procesos judiciales.

Las condenas se enmarcan en el régimen de excepción decretado por el gobierno de Bukele, que permite detenciones sin orden judicial y la suspensión de algunas garantías constitucionales. Desde su entrada en vigor, más de 90.000 personas han sido detenidas, aunque unas 8.000 fueron liberadas posteriormente tras comprobarse su inocencia, según cifras oficiales.

Pese a los resultados en materia de seguridad, la estrategia ha generado cuestionamientos. Samuel Ramírez, líder de un movimiento de familiares de personas detenidas bajo el régimen de excepción, afirmó que, si bien respalda que se aplique la ley a los delincuentes, existen dudas sobre el respeto al debido proceso. “Por ahora no hay transparencia en los procesos judiciales”, señaló, y calificó las condenas extremadamente altas como una estrategia de impacto político.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado presuntos abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y alertan sobre la situación en los centros penitenciarios. Según oenegés, desde 2022 han muerto al menos 454 personas bajo custodia del Estado, cifras que el gobierno ha cuestionado.

Aun así, la política de seguridad ha logrado reducir los homicidios a mínimos históricos y ha despertado interés en otros países de la región. Recientemente, Bukele acordó compartir su experiencia con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien anunció planes para adoptar medidas similares y construir una prisión de alta seguridad inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), símbolo del modelo salvadoreño contra las pandillas.