La discusión para definir el salario mínimo que regirá en Colombia en 2026 comienza este 1 de diciembre, con un panorama económico marcado por tres elementos clave: la productividad, la inflación proyectada y la capacidad fiscal del país. Estos datos serán la base central del debate entre Gobierno, empresarios y sindicatos en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, instancia responsable de negociar el incremento.

El primer factor sobre la mesa es la productividad total de los factores, que creció 0,91% hasta el tercer trimestre de 2025, según reveló el Dane. Este indicador mide la eficiencia en el uso de recursos dentro de la economía y es crucial para determinar qué tan sostenible puede ser un aumento salarial. No obstante, la productividad laboral por persona cayó 0,32% debido a un mayor crecimiento del empleo frente al desempeño económico, lo que genera advertencias sobre la capacidad real de las empresas para asumir incrementos altos.

A este dato se suma el segundo condicionante: la inflación esperada para 2026, que según el Banco de la República y analistas se ubica entre 5,01% y 5,9%. El mercado laboral colombiano ha sufrido una pérdida constante del poder adquisitivo, por lo que cualquier ajuste deberá contemplar esta presión inflacionaria para evitar que los trabajadores sigan perdiendo capacidad de compra.

El tercer factor crítico es la sostenibilidad fiscal, especialmente en el sistema pensional. Con el 45% de las pensiones indexadas al salario mínimo, un aumento por encima de los niveles técnicos podría elevar en cerca de un billón de pesos los compromisos del Estado, tensionando aún más las cuentas públicas.

Frente a estos elementos, los primeros rangos estimados para el incremento oscilan entre 6% y 6,5%, cifra respaldada por analistas como Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, quien asegura que este nivel permitiría recuperar parte del poder adquisitivo sin poner en riesgo el empleo formal. Sin embargo, los empresarios ya plantearon un aumento del 7%, mientras que algunos sindicatos impulsan un alza del 11%, propuesta que introduce un componente político en el debate en un año preelectoral.