En el marco del Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo presentó el informe Lideresas en riesgo, un análisis que expone el grave deterioro en las condiciones de seguridad para mujeres que ejercen liderazgo social y comunitario en Colombia. El documento evidencia un incremento alarmante de homicidios y una respuesta institucional insuficiente frente a la violencia de género ejercida por grupos armados ilegales.

El estudio se centra en Nariño, Cauca, Chocó y Antioquia, territorios atravesados por economías ilícitas, disputas armadas y baja presencia estatal. Según el informe, en 2024 fueron asesinadas 231 mujeres en estos departamentos. Sin embargo, entre enero y agosto de 2025, la cifra escaló a 638 homicidios, lo que representa un aumento del 176%, es decir, 407 víctimas adicionales en solo ocho meses.

Durante la presentación del informe, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, subrayó la urgencia del panorama: “Conmemoramos a quienes han sido silenciadas, a quienes no nos acompañan o han tenido que abandonar el camino del liderazgo porque la violencia les impidió seguir adelante”. La funcionaria llamó la atención sobre la persistente discriminación, la estigmatización y los ataques sistemáticos contra defensoras, especialmente aquellas con visibilidad pública.

El caso más crítico se registra en Antioquia, donde los asesinatos pasaron de 110 en 2024 a 379 en 2025. En Nariño, la cifra ascendió de 38 a 119 víctimas, mientras que en Cauca el número subió de 67 a 112. Aunque Chocó muestra una ligera reducción —de 250 homicidios en 2024 a 224 este año—, la situación continúa siendo catalogada como de alto riesgo.

El informe señala múltiples factores que intensifican las amenazas: reconfiguración de actores armados, violencia basada en género utilizada como mecanismo de control social, economías ilegales, pobreza estructural y debilitamiento de los procesos de liderazgo femenino. El riesgo es aún mayor para mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales y lideresas LGBTIQ+, quienes enfrentan violencias cruzadas y escasa protección.

Pese a la magnitud del problema, la Defensoría advierte que la respuesta estatal es fragmentada e insuficiente. De las 92 recomendaciones emitidas en 2022 para prevenir agresiones contra lideresas, solo el 6% ha sido cumplido completamente. El 42% permanece estancado, el 38% registra avances parciales y el 14% carece de cualquier ejecución verificable.

Entre los vacíos institucionales identificados se encuentran la falta de coordinación entre niveles de gobierno, medidas de protección diseñadas para contextos urbanos que no responden a realidades étnicas y rurales, alta rotación de funcionarios, déficit presupuestal y escasa comprensión del riesgo diferencial.

La Defensoría insistió en que garantizar la vida de estas mujeres es indispensable para la estabilidad democrática del país. “Cada mujer que alza la voz tiene derecho a garantías plenas para ejercer su liderazgo sin miedo”, enfatizó Marín, quien cerró su intervención con un mensaje de resistencia colectiva: “No vinimos aquí para hablar de morir, sino de vivir juntas, porque ustedes son la esperanza”.

El informe concluye que proteger a las lideresas no es solo una obligación legal: es una urgencia nacional. Su desaparición implica la pérdida de voces que sostienen procesos de paz, memoria, justicia y defensa territorial en Colombia.