La Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación contra nueve exintegrantes del Ejército Nacional por su presunta responsabilidad en actos de tortura cometidos contra civiles durante la retoma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985 en Bogotá. Se trata de uno de los capítulos más controvertidos de la historia reciente del país, ahora reabierto judicialmente con nuevos señalamientos contra antiguos mandos de inteligencia militar.

Los procesados, llamados a juicio como coautores impropios del delito de tortura agravada, son el mayor general (r) Iván Ramírez Quintero, quien para la época era coronel y lideraba el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI); el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, entonces comandante del B-2 de la Brigada XIII; el coronel (r) Fernando Blanco Gómez, exsubcomandante del mismo organismo, y el mayor (r) Óscar William Vásquez Rodríguez. También fueron acusados los sargentos (r) Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Gustavo Arévalo Moreno, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Bernardo Alfonso Garzón Garzón, todos adscritos a esa unidad.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, los militares habrían participado en el sometimiento de 11 civiles a tratos crueles y degradantes, pese a que no existían pruebas que los vincularan con la incursión del M-19 al Palacio de Justicia. Las víctimas fueron trasladadas a la Casa del Florero, instalaciones militares y dependencias policiales, donde habrían sido interrogadas en medio de agresiones físicas, amenazas y humillaciones.

Entre los afectados figuran dos estudiantes de derecho de una universidad privada que se encontraban en el edificio judicial por motivos académicos. Aunque fueron evacuados en medio del fuego cruzado, posteriormente fueron retenidos y señalados de tener nexos con la guerrilla. Tras varios días de malos tratos, recuperaron su libertad.

Otra víctima identificada por la Fiscalía es un funcionario de obras públicas que se dirigía a Zipaquirá en un bus intermunicipal. Tras ser detenido en un retén militar, fue acusado sin fundamento de pertenecer al M-19, trasladado a la Escuela de Caballería, golpeado y posteriormente recluido en la cárcel La Modelo durante 15 días antes de ser liberado.

La resolución de acusación constituye un avance relevante en la búsqueda de responsabilidades por los abusos cometidos durante la operación militar que puso fin a la toma guerrillera y dejó más de un centenar de muertos, incluidos magistrados, empleados judiciales y civiles. Con esta decisión, la Fiscalía busca esclarecer hechos que han permanecido bajo cuestionamientos durante casi cuatro décadas.

La determinación es de primera instancia y contra ella proceden los recursos establecidos en la Ley 600 de 2000, por lo que la defensa de los procesados podrá apelar. El caso continúa siendo emblemático para la justicia transicional y ordinaria, en la medida en que aborda presuntos crímenes cometidos por agentes estatales contra ciudadanos que nunca fueron vinculados formalmente a actividades insurgentes.

Si la acusación prospera en juicio, Colombia podría enfrentar nuevas responsabilidades históricas y judiciales relacionadas con uno de los episodios más impactantes de su conflicto armado y con la actuación del Ejército durante la retoma, un hecho que sigue resonando casi 40 años después.