La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación por la presunta cooptación de agentes de inteligencia y miembros del Ejército Nacional por parte de disidencias de las FARC, en un escándalo que involucra posibles filtraciones de información clasificada a estructuras criminales.

El caso se remonta al 23 de julio de 2024, cuando el Ejército interceptó en un retén militar en Antioquia una caravana de camionetas blindadas que transportaba integrantes del Estado Mayor de bloques y frentes de las disidencias de las FARC. Durante la operación se incautaron computadores, teléfonos celulares, discos duros y otros dispositivos electrónicos que contenían información relevante para las investigaciones.

La fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó este viernes la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada para investigar la posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias lideradas por Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’. Según las indagaciones, este cabecilla estaría recibiendo información privilegiada proveniente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y las Fuerzas Militares.

El análisis del material incautado ha permitido judicializar a 28 disidentes del frente 36 de las FARC en Antioquia. Entre los procesados figuran María Alejandra Ojeda Londoño y Wenser Yosony Sábana Duque, alias ‘Oliver’, quienes fueron presentados ante jueces por porte ilegal de armas de fuego. Ambos aceptaron los cargos, fueron condenados y actualmente cumplen condena en centros penitenciarios.

Adicionalmente, contra Edgar de Jesús Ortega, alias ‘Firu’, ya se radicó escrito de acusación por el delito de homicidio y permanece privado de la libertad.

La Fiscalía aclaró que el día de la interceptación no fueron capturados Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, Erlinson Echavarría Escobar, Juan Antonio Agudelo Salazar y Diana Carolina Rey Rodríguez, debido a que las órdenes de captura contra ellos habían sido suspendidas desde el 4 de julio de 2024.

La fiscal general ordenó investigar diversos aspectos relacionados con el caso, incluyendo amenazas a la seguridad nacional, financiación de campañas presidenciales, alianzas entre diferentes actores ilegales y la creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales.

Además, se compulsaron copias a la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para que investigue la conducta del general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera, a quien se señala de haber puesto a disposición de ‘Calarcá’ y sus lugartenientes información reservada de las Fuerzas Militares. El oficial negó estas acusaciones mediante un comunicado de prensa.

En un comunicado difundido el lunes en la noche, el ente acusador explicó que cada fiscal actúa de manera independiente, atribuyendo a este hecho que el despacho de Camargo no conociera previamente la magnitud del material incautado hace año y medio. Los pormenores de la investigación están a cargo de una fiscal en Medellín.

La fiscal general envió a Raúl González, delegado contra la Criminalidad Organizada, a la capital antioqueña para impulsar las investigaciones sobre la posible infiltración de las disidencias en instituciones del Estado. El caso continúa en desarrollo y se esperan nuevas revelaciones en los próximos días.

Con información de wradio, caracol radio, bluradio y el tiempo