La Contraloría General de la República encendió este martes las alarmas sobre un profundo déficit en los recursos destinados a los subsidios de energía y gas para los estratos más bajos en 2025. Según el organismo, el dinero asignado en el presupuesto nacional no es suficiente para cubrir la demanda, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera de las empresas prestadoras y aumenta la presión sobre las finanzas públicas.

El pronunciamiento se dio durante la quinta Mesa Técnica Conjunta de Seguimiento, en la que participaron la Procuraduría, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda. Allí, la Contraloría presentó un análisis que evidenció un faltante estructural en el sector eléctrico.

Para el próximo año, el presupuesto destinado a los subsidios de energía asciende a 3,16 billones de pesos. Sin embargo, las proyecciones técnicas indican que se requieren 6,6 billones para cubrir la demanda real. En otras palabras, el país solo cuenta con el 47 % de los recursos necesarios.

El déficit ya se refleja en las finanzas de las empresas distribuidoras, que dependen de estos pagos para mantener su operación. Hasta la fecha, se han girado 2,58 billones de pesos, equivalentes al 82 % de los recursos disponibles, lo que limita la posibilidad de cubrir los meses restantes del año. El organismo advirtió que el Ministerio de Minas podría acelerar el desembolso de 580.000 millones de pesos que ya figuran en su presupuesto para aliviar parcialmente la situación.

El panorama del gas combustible es aún más crítico. El proyecto nacional de subsidios completó una ejecución del 100 %, agotando la totalidad de los fondos disponibles para 2025. Según la Contraloría, será necesario adicionar 750.000 millones de pesos para evitar que miles de hogares pierdan este alivio económico.

En el caso del Gas Licuado de Petróleo (GLP), los subsidios e inversiones asociadas avanzan al 71 %. No obstante, el programa para sustituir el uso de leña por GLP —una iniciativa clave en la transición energética justa— apenas alcanza un 17 % de ejecución. Para corregir los retrasos, el Ministerio de Minas tendría que liberar pagos por 45.500 millones de pesos ya aprobados en su presupuesto.

Otro punto crítico es la llamada opción tarifaria del Covid-19, un mecanismo implementado durante la pandemia para evitar incrementos en las tarifas de energía. Esta medida dejó una deuda acumulada de 4,5 billones de pesos, de los cuales 2,6 billones corresponden a los hogares de estratos 1, 2 y 3. Aunque se propuso reconocer esta deuda como obligación de la Nación, la iniciativa no fue incluida ni en la Ley de Financiamiento ni en el presupuesto de 2026, dejando en incertidumbre su manejo futuro.

Ante el escenario de desfinanciación, la Contraloría anunció el desarrollo de un modelo analítico de datos en tiempo real, en coordinación con la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI). Esta herramienta permitirá monitorear mensualmente los pagos, apropiaciones y saldos pendientes, con el fin de fortalecer el control preventivo y asegurar el uso adecuado de los recursos públicos.

La entidad también reiteró su preocupación por la situación de la empresa Air-e S.A.S., intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos, y aseguró que continuará vigilando la implementación de medidas para garantizar la prestación del servicio en la Costa Caribe.

Aunque la inversión proyectada para subsidios en 2026 aumentará un 37,1 % y alcanzará los 4 billones de pesos, la Contraloría insistió en que esta cifra sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades reales del sector energético. Por ello, hizo un llamado urgente a garantizar una planeación presupuestal oportuna y adecuada que evite nuevas crisis y proteja el acceso a servicios esenciales para millones de colombianos.