Cuarenta años después de la tragedia de Armero, la Defensoría del Pueblo presentó este miércoles el informe “Armero: ¿40 años de vulneración de derechos? Memoria y lecciones para la gestión del riesgo de desastres en Colombia”, un documento que busca reconocer los impactos humanos, sociales y jurídicos del desastre y llamar la atención sobre las deudas pendientes del Estado con las víctimas y sobrevivientes.

“La experiencia de Armero representa un llamado ético, jurídico y político a situar la protección de los derechos humanos en el centro de toda política pública frente a los desastres”, señaló la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, durante la presentación del informe en Honda (Tolima).

El documento plantea que la tragedia ocurrida el 13 de noviembre de 1985 —cuando una avalancha generada por la erupción del volcán Arenas, del complejo Nevado del Ruiz, arrasó la ciudad de Armero y dejó cerca de 25.000 muertos— no puede entenderse únicamente como un fenómeno natural, sino como el resultado de fallas institucionales, omisiones preventivas y una débil respuesta estatal.

Para la Defensoría, el desastre “no ha concluido”. Aún persisten afectaciones que impiden la restitución plena de derechos a los más de 8.000 sobrevivientes desplazados y a los cientos de familias que siguen buscando a cerca de 500 niños y niñas desaparecidos. Muchos de los sobrevivientes, hoy adultos mayores, enfrentan problemas de salud, precariedad económica, falta de vivienda y escaso acceso a servicios básicos.

“La ausencia de reparación integral y la débil respuesta institucional configuraron violaciones sostenidas a derechos fundamentales, como la vida, la salud, la vivienda, la identidad y la unidad familiar”, advirtió Marín Ortiz.

El informe reconoce los avances normativos derivados de la tragedia, como la creación del actual Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD). Sin embargo, critica la fragmentación y desarticulación de las políticas públicas, así como la falta de una perspectiva de derechos humanos en la atención y reparación de los afectados.

La Defensoría destaca que la pérdida del territorio y el desplazamiento forzado transformaron la vida de los armeritas, que pasaron de una economía agrícola y comercial próspera a actividades informales y de subsistencia. En lo cultural, la desaparición de la ciudad fracturó la identidad colectiva y debilitó las redes comunitarias, lo que ha dificultado la preservación de la memoria.

Entre las recomendaciones principales del informe se incluyen:

* Fortalecer la garantía de derechos en la gestión del riesgo de desastres, con enfoque diferencial y de reparación.
* Crear un censo actualizado de sobrevivientes y sus condiciones de vulnerabilidad.
* Asegurar el acceso integral a salud física y mental, así como a vivienda digna.
* Impulsar el programa de búsqueda de niños desaparecidos con apoyo del ICBF y Medicina Legal.
* Cumplir la creación del Centro de Memoria Histórica de Armero, ordenado por la Ley 1632 de 2013 y reafirmado en la Ley 2505 de 2025.
* Declarar el Nevado del Ruiz como patrimonio natural ante la UNESCO.

Marín Ortiz concluyó que la tragedia de Armero debe ser un punto de partida para construir una política pública más humana, transparente y efectiva: “Hay una oportunidad innegable de cambiar la historia, de ser justos, de impulsar la igualdad y de proteger los derechos de las personas afectadas. La gestión del riesgo debe ser una estrategia de desarrollo sostenible centrada en la dignidad y el bienestar de la población”.