La Fiscalía General de la Nación desmanteló una red que realizaba procedimientos estéticos ilegales en Medellín (Antioquia), donde al menos 48 mujeres fueron intervenidas en quirófanos improvisados ubicados en viviendas de los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera.

Según las investigaciones, los procedimientos, ofertados en redes sociales bajo el nombre de “lipólisis láser con transferencia glútea”, se realizaban sin las mínimas condiciones de higiene, salubridad ni habilitación médica. En varios de estos casos, las víctimas habrían sufrido graves consecuencias para su salud, como infecciones, deformidades permanentes y limitaciones funcionales.

Las mujeres acudieron a estos lugares atraídas por supuestas promociones estéticas que prometían resultados rápidos a bajo costo. Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, las personas que practicaban las cirugías no tenían formación médica ni autorización para ejercer en el campo de la salud.

Las señaladas fueron identificadas como Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, quienes, según el ente acusador, participaban directamente en las intervenciones, aplicaban anestesia local, administraban medicamentos y realizaban labores de atención postoperatoria y masajes postquirúrgicos.

El material probatorio recopilado por la Fiscalía evidenció que las tres mujeres no contaban con títulos profesionales ni experiencia en medicina o cirugía estética. Además, varias víctimas denunciaron que, tras presentar complicaciones graves, las responsables no ofrecieron ningún tipo de atención ni respuesta.

Por estos hechos, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturó a las tres presuntas implicadas, que fueron presentadas ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas.

Ninguna de las procesadas aceptó los cargos y el juez determinó imponerles medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial.

El caso ha encendido las alertas sobre la proliferación de clínicas clandestinas y supuestos “centros estéticos” que operan sin licencia ni control sanitario en diferentes ciudades del país, un fenómeno que pone en riesgo la vida y la salud de quienes buscan someterse a procedimientos quirúrgicos estéticos.