La Casa Blanca decidió restringir el flujo de información de inteligencia hacia la Presidencia de Colombia y su servicio secreto, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), como parte de las medidas impulsadas por el presidente Donald Trump contra su homólogo Gustavo Petro, a quien acusa de tener vínculos con el narcotráfico y de ser “un lunático”.

Fuentes del Palacio de Nariño confirmaron que la restricción “no es total”, pero afecta varias misiones conjuntas. Según explicaron, la decisión estadounidense responde a la pérdida de confianza sobre el manejo de información sensible por parte de la DNI, especialmente en lo relacionado con operaciones en la frontera con Venezuela.

Agentes consultados señalaron que la preocupación de Washington se originó cuando el Gobierno colombiano anunció acciones coordinadas con las Fuerzas Armadas venezolanas. Temían que información sobre narcotráfico y terrorismo pudiera filtrarse hacia el régimen de Nicolás Maduro, considerado por Estados Unidos como una amenaza.

La situación se agravó tras la inclusión de Petro en la llamada Lista Clinton, una sanción del Departamento del Tesoro que lo acusa de haberse aliado con “el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro Moros y el Cartel de Los Soles”. Desde entonces, el intercambio de datos que involucren a Venezuela fue suspendido de manera inmediata.

La medida impacta directamente a dos grupos de cooperación: una unidad de investigación especial entre la DNI y la DEA, dedicada al combate del narcotráfico transnacional, y otra que trabajaba con la CIA en asuntos de contraterrorismo. También hay afectaciones presupuestales, ya que parte del financiamiento para fuentes humanas y equipos tecnológicos provenía de agencias estadounidenses.

Golpe a la reputación del servicio secreto colombiano

Analistas advierten que la restricción no solo compromete operaciones en curso, sino que también daña la credibilidad internacional de la inteligencia colombiana. Un efecto dominó podría aislar aún más a la DNI frente a sus pares extranjeros.

Durante el último año ya se habían roto vínculos con otras agencias clave. El primero fue con el Mossad, tras la decisión del presidente Petro de suspender la cooperación con Israel por los ataques a Gaza. El segundo, con el Grupo Egmont, la mayor red de unidades de inteligencia financiera del mundo, luego de que Petro divulgara públicamente información reservada de la UIAF sobre la compra del software Pegasus.

El Departamento del Tesoro señaló que esa filtración puso en riesgo la integridad del sistema financiero internacional y motivó la suspensión temporal de la UIAF del Grupo Egmont.

Fuentes cercanas al caso confirmaron además que los servicios británicos MI5 y MI6 también redujeron el intercambio de información con la DNI, limitándose ahora a compartir datos generales y no reservados.

El experto en seguridad Erich Saumeth advirtió que este recorte afectará la cooperación antidrogas y antiterrorista, incluyendo reportes de vigilancia aérea, marítima, análisis satelital y monitoreo de rutas del narcotráfico.

A pesar de la tensión, Estados Unidos continuará compartiendo información con otras entidades colombianas, como la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, para mantener la lucha conjunta contra el narcotráfico y el lavado de activos.

Fuentes en Washington aseguraron a La FM que el proceso de revisión continúa bajo los parámetros de la Orden Ejecutiva 14059, que amplía los criterios de sanción a personas o entidades que provean apoyo material o financiero a redes criminales. Entre los nombres que estarían siendo evaluados figuran el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; el ministro de Minas, Edwin Palma; y el exdirector de la UIAF, Luis Eduardo Llinás.