La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente al exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, por su presunta participación en irregularidades detectadas en dos convenios interadministrativos firmados durante su administración con el Canal Regional de Televisión del Oriente (TRO).

El exmandatario deberá responder ante el alto tribunal por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, según confirmó la Corte.

De acuerdo con información publicada por el periódico Vanguardia, el primer convenio fue suscrito el 11 de septiembre de 2020 por un valor de 2.750 millones de pesos, mientras que el segundo, del 18 de mayo de 2021, ascendió a 5.843 millones. Ambos fueron tramitados durante el periodo de Aguilar como gobernador de Santander.

Según la investigación, mediante el decreto departamental 612 de 2020, Aguilar delegó en la secretaria general de Despacho, Ivonne Marcela Rondón Prada, la gestión de dichos contratos. Sin embargo, la Sala determinó que en los procesos se habrían vulnerado los principios de la contratación estatal, al no garantizarse un control adecuado sobre las etapas precontractuales ni un cumplimiento riguroso de los requisitos legales.

Además de este proceso, el exgobernador enfrenta una imputación adicional por el delito de prevaricato por acción, relacionada con su actuación durante la elección del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).

La Fiscalía sostiene que el 24 de febrero de 2023, fecha en la que se llevó a cabo dicha elección, Aguilar habría ignorado varias recusaciones presentadas en su contra y contra otros funcionarios, pese a los posibles conflictos de interés señalados. Aun así, permitió que el proceso continuara y que cuatro alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga fueran elegidos como miembros del Consejo Directivo de la entidad ambiental.

Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Santander anuló esa elección, decisión que fue ratificada por el Consejo de Estado, al encontrar vicios de legalidad en el procedimiento.

Según la fiscal delegada ante la Corte Suprema que lidera el caso, Aguilar “profirió una determinación contraria a la ley al omitir el trámite legalmente establecido para resolver las recusaciones”, lo que permitió que funcionarios cuestionados participaran en la votación y, en consecuencia, “viciaran todo el proceso”.

Mauricio Aguilar, quien gobernó Santander entre 2020 y 2023, es hijo del también exgobernador Hugo Aguilar, condenado años atrás por sus vínculos con grupos paramilitares. La acusación actual se suma a una serie de investigaciones que la justicia adelanta contra exmandatarios regionales por presuntas irregularidades en la contratación pública y el manejo de recursos departamentales.

**Vía Colprensa