El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó este viernes su apoyo a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, tras la decisión del Gobierno de Estados Unidos de incluirlo, junto a su familia y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la llamada Lista Clinton por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Durante una intervención pública en Caracas, Maduro destacó la relación entre ambos países, afirmando que “Colombia y Venezuela son hermanas siamesas, unidas en la fortuna, en el riesgo y en la oportunidad, unidas para siempre en Simón Bolívar”. El mandatario venezolano subrayó el “valor histórico y fraterno” que une a ambas naciones, al tiempo que rechazó las sanciones impuestas por Washington.

La Presidencia venezolana calificó la medida de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como “ilegal, ilegítima y de carácter neocolonial”, señalando que viola los principios del Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas. En un comunicado difundido por el canciller Yván Gil, el Gobierno de Caracas denunció que las “medidas coercitivas unilaterales” constituyen “mecanismos de agresión y presión política prohibidos por el sistema multilateral” y atentatorios contra la soberanía de los pueblos.

El texto acusa a Estados Unidos de utilizar estas sanciones como instrumentos de injerencia para “someter políticamente a los Estados independientes de la región” y asegura que la inclusión de Petro en la lista “busca criminalizar al presidente colombiano y promover la desestabilización interna en Colombia”.

El Gobierno venezolano defendió a Petro como “el único mandatario colombiano que ha enfrentado de manera directa al narcotráfico y a sus redes vinculadas con mafias políticas, incluidas aquellas con conexiones en centros de poder en Estados Unidos”. En esa línea, Caracas sostuvo que las sanciones “responden a intereses de mafias transnacionales infiltradas en Washington, más que a una auténtica lucha contra las economías ilícitas”.

La administración de Maduro exigió “el cese inmediato de estas prácticas coercitivas” y “toda forma de injerencia que atente contra la soberanía y la dignidad de la región”.