El Consejo de Estado declaró la suspensión provisional del Decreto 0858 de 2025, mediante el cual el Gobierno Nacional pretendía implementar el nuevo Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo en Colombia.

La Sección Primera de la corporación encontró que el Ejecutivo estaría extralimitando sus facultades reglamentarias y habría violado el principio de reserva de ley. La decisión mantiene suspendida la aplicación del modelo mientras se estudia la demanda de fondo.

El demandante, el representante Andrés Forero, argumentó que el Gobierno se extralimitó al regular elementos estructurales del Sistema de Seguridad Social en Salud, competencia que corresponde exclusivamente al Congreso de la República.

“El Consejo de Estado acogió mi solicitud de medidas cautelares y suspendió el Decreto 0858 de 2025. Es una buena noticia y un alivio para los colombianos que el ‘plan b’ o reforma a la salud vía decreto se haya empantanado”, señaló el representante tras conocerse la decisión.

El decreto creaba las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), lo que modificaba el rol coordinador de las EPS. Esta transformación estructural del modelo de prestación fue considerada por el alto tribunal como un asunto que debería ser objeto de debate y aprobación legislativa.

Desde su expedición, el decreto fue cuestionado por estar alineado con la reforma a la salud que el Gobierno no ha logrado aprobar en el Congreso de la República.

El Gobierno había informado que se trataba de una norma para resolver los problemas del sistema de salud a corto y mediano plazo. Las RIITS estarían compuestas por hospitales y centros de atención públicos, privados y mixtos, organizados en dos niveles:

El nivel primario contemplaba la atención directa a los colombianos como centro de atención inicial, donde los ciudadanos acudirían en primera instancia para servicios de baja y mediana complejidad. El decreto establecía que este mecanismo se implementaría inicialmente en zonas con menor capacidad en el primer nivel de atención.

El nivel secundario o complementario estaría integrado por servicios de mediana y alta complejidad. Los pacientes serían remitidos mediante un sistema articulado de referencia y contrarreferencia, proceso que consiste en enviar al paciente a un nivel de atención superior o especializado y luego devolverlo al nivel original para continuar su tratamiento.

Según el decreto suspendido, las gobernaciones y alcaldías tendrían el control sobre estas redes integradas y deberían articularse con EPS e IPS.

El Gobierno había señalado que las EPS no desaparecerían para los usuarios y seguirían cumpliendo su función normal, con la diferencia de que ya no controlarían la conformación de la red ni la remisión de pacientes, y tampoco serían intermediarias de los recursos.

Con información de caracol radio