El Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó un proyecto de decreto que busca aplicar una retención en la fuente del 1,5% a los pagos efectuados a empresas a través de Bre-B —el nuevo sistema de pagos inmediatos—, así como mediante Nequi y otras billeteras digitales.

La iniciativa, actualmente en fase de comentarios, modificaría varios artículos del Decreto 1625 de 2016. Según el Ministerio, su objetivo es “nivelar el terreno” entre los pagos digitales y los realizados con tarjeta, que ya están sujetos a retención. En la práctica, los pagos digitales dejarían de ser completamente gratuitos y cada transacción tendría un costo cercano a cuatro veces el del impuesto financiero del 4×1000.

La medida aplicaría sobre los pagos “por concepto de ventas de bienes o prestación de servicios susceptibles de constituir ingreso tributario a favor de personas naturales o jurídicas”. No obstante, expertos advierten que la propuesta podría tener un impacto desproporcionado sobre pequeños comerciantes y emprendedores.

Francisco Gnecco, consultor en tecnología financiera, explicó a La Silla Vacía que “esto hace parte de las movidas para aumentar la caja del Gobierno”, y recordó que las retenciones son anticipos de impuestos que afectan incluso a quienes no están obligados a declarar renta o ICA.

El impacto económico sería considerable, especialmente para negocios con bajos márgenes de ganancia. “En sectores como tiendas, peluquerías o panaderías, donde las utilidades rondan entre el 3% y el 7%, esta retención podría reducir a la mitad sus ingresos diarios”, advirtió Gnecco.

Por su parte, Rodrigo León, CEO de Kamin, sostuvo que “esta iniciativa va en contravía de la adopción de medios digitales. Les carga a los comercios un costo adicional que no pueden asumir. Si queremos que herramientas como los QR o los pagos inmediatos funcionen, no podemos seguir poniéndoles peajes”.

El decreto obligaría a las plataformas digitales a adaptar sus sistemas para calcular, descontar y reportar las retenciones, lo que implicaría ajustes técnicos y administrativos adicionales.