La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) calificó como “inadmisible” la reacción del presidente Gustavo Petro frente al fallo que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno y fraude procesal. El pronunciamiento, realizado por el magistrado Hermes Lara, presidente de la corporación, se produjo luego de que Petro cuestionara públicamente la decisión del Tribunal Superior de Bogotá.

“Es inadmisible que en un Estado social y democrático de derecho, el jefe de Estado, obligado a respetar y fomentar la observancia del principio de división de poderes, critique públicamente las decisiones judiciales”, afirmó Lara en un comunicado oficial, enfatizando que el respeto por la autonomía judicial es un pilar fundamental del sistema democrático.

Las declaraciones del mandatario fueron emitidas incluso antes de que el tribunal concluyera la lectura del fallo. En un mensaje televisado, Petro aseguró que “el Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradice a la Corte Suprema de Justicia y afirma que la interceptación judicial hecha a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad”.

El Tribunal absolvió al expresidente Uribe tras determinar que no existían pruebas suficientes para demostrar que hubiera promovido un plan para manipular testigos que lo señalaban de presuntos vínculos con grupos paramilitares. Según el fallo, contactar testigos dentro de un proceso judicial no constituye delito, a menos que se compruebe la intención de alterar su testimonio o inducir a falsedad.

Además, el Tribunal determinó que la interceptación a la línea telefónica de Uribe, obtenida de forma accidental durante una investigación a otro congresista, fue ilegal y no podía ser utilizada como prueba en el juicio.

El presidente Petro, sin embargo, insistió en que la decisión “tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia”, y sostuvo que con fallos como este “se borra la memoria de los políticos aliados con el narcotráfico que desataron el genocidio en el país”.

Las declaraciones del jefe de Estado generaron críticas desde diversos sectores, que consideran que el presidente se extralimitó al opinar sobre una decisión judicial en firme. Corjusticia recordó que, si bien los fallos pueden ser objeto de debate académico o ciudadano, los funcionarios públicos deben abstenerse de emitir juicios que puedan interpretarse como presión o intromisión en la independencia de los jueces.