El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes al expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, al resolver la apelación interpuesta por su defensa contra la condena de 12 años de prisión domiciliaria que había dictado en agosto pasado la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.

El fallo, leído por el magistrado Manuel Antonio Merchán, ponente del caso, concluyó que la sentencia de primera instancia presentaba deficiencias estructurales en la valoración de las pruebas, errores metodológicos y falta de rigor en el análisis de los testimonios y documentos. Según el Tribunal, no se demostró de manera suficiente la existencia de un propósito defraudatorio ni la participación directa de Uribe en la supuesta manipulación de testigos.

Merchán señaló que la jueza Heredia basó su condena en apreciaciones subjetivas y en inferencias sin respaldo probatorio. “Las conclusiones no verificables se manifiestan en la presunción de irregularidad en la selección de abogados y en la calificación subrepticia de la estrategia defensiva sin soporte probatorio. Estas falencias comprometen la solidez del razonamiento judicial y la objetividad exigida en la valoración testimonial”, afirmó el magistrado durante la lectura del fallo.

El Tribunal también cuestionó que la jueza omitiera considerar elementos corroborativos relacionados con la elaboración de las cartas de los internos y el papel de Ángela Milena López, señalando que su participación obedeció a razones legítimas, como la asistencia técnica solicitada por los presos. Además, Merchán precisó que la decisión de primera instancia confundió la preparación legítima de testigos con un supuesto adoctrinamiento, sin establecer criterios claros entre ambas figuras.

Respecto al delito de soborno, el Tribunal determinó que no existieron pruebas directas o indirectas que demostraran que Uribe hubiera instigado o inducido a terceros a alterar declaraciones. “No se acreditó que Álvaro Uribe hubiera instigado el delito de soborno en actuación penal; por tanto, la Sala revocará la condena impuesta al expresidente”, sostuvo Merchán.

La decisión incluye los casos relacionados con los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés Velasco, alias “Diana”, así como el proceso que involucraba a Juan Guillermo Monsalve, quien había señalado al expresidente de tener vínculos con el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El Tribunal concluyó que la sentencia de primera instancia incurrió en errores interpretativos y aplicó de forma incorrecta la figura del “dolo eventual”, cuando la ley penal exige dolo directo para determinar responsabilidad en el delito de soborno.

En su fallo, el magistrado Merchán también lanzó críticas directas a la jueza Sandra Heredia, al señalar que su decisión “se basó en inferencias sin sustento objetivo y en una lectura sesgada de las pruebas”. Añadió que las conversaciones interceptadas entre Uribe y su abogado no evidencian instrucciones para inducir falsedad, sino gestiones propias de la defensa.

Con la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, queda sin efecto la condena que había convertido a Uribe en el primer expresidente colombiano sentenciado penalmente. La jueza Heredia lo había condenado a 12 años de prisión domiciliaria, una multa superior a 3.400 millones de pesos y una inhabilitación de más de ocho años para ejercer cargos públicos.

El proceso judicial contra Uribe se originó en 2012, cuando el entonces senador denunció al congresista Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió archivar la denuncia e inició una investigación contra el propio Uribe, al encontrar indicios de que habría intentado influir en testimonios de exparamilitares para desvincularse de casos de paramilitarismo.

La decisión del Tribunal Superior marca un giro trascendental en uno de los procesos más emblemáticos de la justicia colombiana. Con este fallo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez queda absuelto de todos los cargos y recupera plenamente sus derechos políticos, en medio de un escenario en el que busca regresar al Congreso en las elecciones legislativas de 2026.