La Fiscalía General de la Nación judicializó a tres personas por su presunta responsabilidad en dos casos distintos de maltrato animal ocurridos en Medellín (Antioquia), que dejaron como resultado la muerte de un perro y el rescate de nueve más en condiciones deplorables.

El primer caso, conocido como el de ‘Aquiles’, involucra a la veterinaria Daniela Montes Tapia y a Luis Fernando Galvis Blanco, quien se presentaba falsamente como profesional veterinario. Según las investigaciones del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), ambos realizaron el 30 de agosto de 2024 una intervención quirúrgica al perro de raza rottweiler en una vivienda del barrio Popular, sin cumplir con los protocolos médicos ni las condiciones sanitarias adecuadas.

De acuerdo con la Fiscalía, el procedimiento pretendía extraer una pepa de mango que el animal había ingerido, pero la operación se practicó sin asepsia ni instrumental adecuado, lo que provocó una severa infección que derivó en la muerte del canino.
Ante estos hechos, Montes y Galvis fueron imputados por el delito de maltrato animal, aunque ninguno aceptó los cargos.

El segundo caso tuvo lugar el 15 de septiembre de 2023 en una vivienda del barrio Sinaí, donde las autoridades encontraron nueve perros —cuatro adultos y cinco cachorros— en condiciones de abandono y desnutrición. Los animales presentaban un grave deterioro físico y permanecían en un entorno insalubre.

Los caninos fueron rescatados y trasladados a un centro especializado para su recuperación. Tras las investigaciones, la Fiscalía imputó el delito de maltrato animal a María Esneda Alzate Aguirre, responsable del lugar donde fueron hallados los animales.

La Fiscalía General de la Nación reiteró su compromiso en la lucha contra los delitos que atentan contra la vida y el bienestar de los animales, e hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de crueldad o abandono ante las autoridades competentes.

Estos procesos hacen parte del trabajo del Grupo Gelma, que desde su creación ha impulsado la judicialización de cientos de casos en todo el país, en cumplimiento de la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como seres sintientes y castiga penalmente el maltrato.