El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibió una queja formal solicitando la investigación y sanción del precandidato presidencial Daniel Quintero tras su decisión de retirarse de la consulta del Pacto Histórico programada para el 26 de octubre. El recurso alega un presunto detrimento patrimonial al Estado derivado de su renuncia.

Los abogados Ximena Echavarría y Nicolás Dupont presentaron el documento titulado “Queja por incumplimiento, perjuicio económico e inhabilidad derivados del retiro del precandidato Daniel Quintero Calle de la consulta presidencial del denominado ‘Pacto Histórico’”.

Según la queja, el retiro de Quintero se produjo cuando su inscripción ya estaba en firme y después de que la Registraduría Nacional del Estado Civil ejecutara más de 120.000 millones de pesos destinados al material y la logística necesarios para la realización de la consulta. Los denunciantes señalan que esta situación configura un posible detrimento patrimonial al Estado, conforme a lo establecido en los artículos 7, 21 y 22 de la Ley 1475 de 2011.

Los abogados peticionarios pidieron al organismo electoral iniciar una investigación administrativa para verificar el cumplimiento de la normativa electoral respecto a la renuncia del excandidato. La investigación deberá “establecer con precisión los hechos que originaron la infracción, las normas vulneradas y las personas naturales y jurídicas involucradas, así como las sanciones que resulten procedentes”, indica el recurso.

La queja no solo apunta a Quintero, sino que también solicita investigar a los partidos Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativa y Partido Comunista Colombiano, organizaciones que solicitaron formalmente la realización de la consulta interpartidista.

Los denunciantes argumentan que estas agrupaciones políticas promovieron la consulta sin garantizar su correcta ejecución y permitieron decisiones posteriores que generaron perjuicios al erario público. Por ello, solicitan que se determine la responsabilidad de estos partidos en el presunto daño patrimonial.

Los abogados solicitaron al Consejo Nacional Electoral que, tras comprobar las infracciones, imponga las sanciones correspondientes tanto al precandidato como a los partidos involucrados. Adicionalmente, pidieron determinar el monto total del detrimento patrimonial generado con base en los informes que suministre la Registraduría Nacional.

El documento también incluye una petición para ordenar la recuperación de los recursos afectados mediante cobro coactivo o mediante la deducción de la financiación estatal que reciben los partidos considerados responsables.

Con información de asuntos legales