Una operación coordinada entre la Fiscalía General de la Nación, Europol y autoridades de varios países europeos permitió desarticular una red internacional de trata de personas que engañaba a mujeres en Medellín y Cali con falsas ofertas de empleo en el exterior, para luego explotarlas sexualmente en países como Malta, Croacia, Montenegro y Albania.

De acuerdo con las investigaciones, la organización criminal ofrecía trabajos bien remunerados en Europa, cubriendo gastos de viaje y prometiendo acompañamiento logístico. Sin embargo, una vez las víctimas llegaban a destino, les confiscaban los pasaportes y eran obligadas a prostituirse en distintas ciudades bajo amenazas y castigos. Según las denuncias, muchas de ellas fueron sometidas a maltratos físicos y psicológicos, además de ser incomunicadas para impedir que pidieran ayuda.

La Fiscalía detalló que las mujeres eran obligadas a pagar con servicios sexuales los costos de los pasajes, hospedajes y alimentación, acumulando deudas ficticias que ascendían a entre 3.000 y 4.000 euros.

Tras varios meses de investigación, nueve personas fueron capturadas en Colombia por su presunta participación en la red: Lukas Giraldo Betancur, Óscar Arbey Ospina Ocampo, Mario Augusto Giraldo Hernández, Natalia Jaramillo Holguín, María Camila Correa Muñoz, María Paulina Restrepo Benítez, Diana Jaidivy Hernández Álvarez, Michell Dahiana Gaviria Ramírez y Grecia Alejandra Duarte Guzmán.

Los detenidos fueron presentados ante jueces de control de garantías y enfrentan cargos por concierto para delinquir, trata de personas y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. La Fiscalía indicó que los acusados cumplían distintos roles dentro de la estructura criminal: desde la captación y contacto con las víctimas hasta la financiación de viajes y la coordinación logística internacional.

Según los elementos probatorios, Lukas Giraldo Betancur sería el cabecilla del grupo y principal financiador. Aprovechando su doble nacionalidad y residencia en Europa, emitía cartas de invitación para facilitar la entrada de las mujeres a Malta y Croacia.

Por su parte, Natalia Jaramillo Holguín, dueña de una agencia de viajes en Pereira, presuntamente se encargaba de suministrar los tiquetes aéreos a las víctimas, mientras que los demás implicados cumplían funciones de enlace, acompañamiento y control de los desplazamientos.