La situación del personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) se ha tornado crítica en medio de una ola de ataques armados que, según las autoridades, estarían relacionados con un “plan pistola” en su contra. En cuestión de días, varios guardianes han sido asesinados o heridos en distintas regiones del país, generando alarma dentro del cuerpo de custodia y vigilancia penitenciaria.

El hecho más reciente ocurrió en la mañana de este jueves 9 de octubre en Cartagena, donde el dragoneante Juan Camilo Palacios Figueredo fue víctima de un atentado a las afueras de su vivienda. De acuerdo con la información preliminar, hombres armados lo interceptaron cuando se disponía a salir de su casa. Hasta el momento no se ha emitido un parte oficial sobre su estado de salud ni sobre los responsables del ataque.

El caso se suma a una cadena de atentados que han sembrado miedo entre los funcionarios del Inpec. El pasado 3 de octubre, en el occidente de Bogotá, fue asesinado el dragoneante Miguel Muñoz, mientras tres de sus compañeros resultaron heridos. Un día después, otro guardia fue baleado en las afueras de la cárcel Bellavista, en Bello (Antioquia), y uno más fue atacado cerca del centro de reclusión de mujeres en Armenia (Quindío).

La violencia no se detuvo ahí. El 7 de octubre, en Cali, el dragoneante Jimmy Flores Salazar fue asesinado en un ataque armado. Estos hechos recuerdan el asesinato, en mayo pasado, del coronel (r) Élmer Fernández, entonces director de la cárcel La Modelo de Bogotá, quien pese a las reiteradas amenazas en su contra, no contaba con esquema de seguridad al momento de su muerte.

Fuentes internas del Inpec, que pidieron mantener su identidad en reserva, aseguran que los ataques responden a una estructura criminal que busca intimidar a la institución. “Todos sabemos quién está detrás, pero no podemos decirlo porque el próximo muerto podría ser uno mismo. Esto es un plan al estilo de los noventa, cualquiera puede ser el siguiente”, señaló uno de los funcionarios.

La ola de asesinatos ha provocado un ambiente de tensión e incertidumbre dentro de los centros penitenciarios. Algunos guardianes han planteado incluso la posibilidad de renunciar colectivamente, ante la falta de garantías de seguridad. “Nadie quiere estar en una situación así. Hay familias de por medio y el próximo puede ser cualquiera, es como andar con la lápida a la espalda. Ya se habla de renuncias masivas, y con justa razón”, añadió otro funcionario.

El Inpec, por su parte, anunció recientemente medidas extraordinarias para proteger a su personal, incluyendo el acompañamiento de la Policía y el Ejército en los horarios de ingreso y salida de los funcionarios, así como la suspensión temporal de visitas y traslados en varias cárceles del país. Sin embargo, los trabajadores insisten en que las acciones adoptadas resultan insuficientes frente a la magnitud de la amenaza.