El nombre de Pedro Rodríguez pasó inadvertido para la opinión pública, pero dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) jugó un rol clave como asesor jurídico y mano derecha de Olmedo López, exdirector de la entidad hoy investigada por presuntos actos de corrupción.

Rodríguez, actualmente privado de la libertad, decidió colaborar con la justicia y entregó a la Fiscalía General de la Nación una matriz de colaboración en la que expone un entramado de direccionamientos contractuales, sobrecostos y favorecimientos que involucran a figuras políticas y exfuncionarios de alto nivel, según reveló Noticias Caracol.

Contratos bajo la lupa en la reconstrucción de Mocoa

Uno de los episodios más delicados mencionados en su testimonio está relacionado con la reconstrucción de Mocoa (Putumayo), luego de la avalancha que en 2017 dejó más de 300 víctimas mortales. De acuerdo con Rodríguez, tanto Olmedo López como Alethia Arango —exfuncionaria de la Alcaldía de Medellín y posteriormente vinculada a la UNGRD— habrían modificado convenios interadministrativos con el fin de adjudicar contratos millonarios de manera directa.

Entre ellos destaca el de la construcción de cerca de mil viviendas en el predio Sauces 2, entregado al contratista Ramón España Gutiérrez, un arquitecto cuestionado por su presunta falta de idoneidad para ejecutar un proyecto de tal magnitud.

El informe periodístico también señaló que España visitó en repetidas ocasiones la sede de la UNGRD en Bogotá y participó en reuniones en Mocoa, siempre acompañado de figuras políticas vinculadas a Antioquia. Según la matriz entregada por Rodríguez, la designación de este contratista contó con el aval directo de López y fue respaldada jurídicamente por Arango.

La colaboración de Rodríguez se suma a otros testimonios y pruebas que la Fiscalía está incorporando en el marco del escándalo que rodea a la UNGRD, entidad que debía atender a poblaciones afectadas por emergencias naturales y que ahora enfrenta graves cuestionamientos por el presunto desvío de recursos públicos.

El proceso judicial continúa en desarrollo, mientras se esperan nuevas revelaciones sobre los alcances de la red de corrupción y los nombres de los funcionarios y políticos que habrían resultado beneficiados.