La Fiscalía General de la Nación programó para el próximo 1 de octubre la audiencia de imputación de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público.

La diligencia se realizará ante un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, donde el ente investigador formalizará los cargos relacionados con presuntas irregularidades en la contratación durante el período en que Petro Burgos ejercía como diputado del departamento del Atlántico.

Según la Fiscalía, el procesado habría intervenido de manera irregular en la adjudicación de contratos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social, operaciones que superaron los 3.000 millones de pesos y estaban destinadas a la atención de población de adultos mayores y personas en situación de discapacidad.

Las investigaciones señalan que estas actuaciones se habrían realizado junto a su expareja Daysuris del Carmen Vásquez Castro, con el objetivo de obtener beneficios económicos a través de la mencionada fundación.

Durante la audiencia del miércoles primero de octubre, la Fiscalía no solo formalizará la imputación de cargos, sino que también solicitará una medida de aseguramiento que podría implicar el traslado de Nicolás Petro a un establecimiento carcelario.

Este nuevo proceso se suma al juicio que Petro Burgos ya enfrenta por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, que avanza en el Juzgado 2 Especializado de Barranquilla. En ese expediente, la semana pasada se desarrollaron audiencias donde tanto la defensa como la fiscal Lucy Laborde presentaron sus últimas pruebas antes de la etapa final.

Las investigaciones de ese primer caso indican que, en 2022, el hijo del mandatario habría recibido más de 1.000 millones de pesos de empresarios como Samuel Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca. Según el ente investigador, estos recursos no tendrían un origen justificado.

La nueva imputación había sido anticipada en enero de 2024 por el fiscal Mario Burgos, quien en su momento advirtió que solicitaría cargos por interés indebido en contratos. Sin embargo, tras ser apartado del caso, el proceso quedó suspendido hasta que la Fiscalía decidió retomar la formulación de cargos.

Con información de wradio y caracol radio