La Corte Suprema de Justicia ratificó en segunda instancia la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La Sala de Tutelas confirmó que el exmandatario permanecerá en libertad mientras avanza el trámite de apelación de su condena de 12 años por delitos relacionados con manipulación de testigos.

La Sala de Tutelas de la Sala de Casación Penal, integrada por los magistrados Diego Corredor, Myriam Ávila y Gerson Chaverra, desestimó los argumentos presentados por las víctimas y la Fiscalía para revocar el fallo que favoreció al expresidente. La decisión fue adoptada por mayoría, aunque uno de los magistrados presentó salvamento de voto.

El alto tribunal cuestionó la fundamentación del Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, que el 1 de agosto condenó a Uribe por soborno en actuación penal y fraude procesal, ordenando su detención inmediata.

Según la Corte Suprema, la decisión de primera instancia de la jueza Sandra Heredia no se justificó adecuadamente en términos de razonabilidad y proporcionalidad para restringir la libertad del expresidente al momento de dictar la condena.

“Si el juzgado anunció la superación de un análisis de tales características no bastaba con su enunciación, debían exhibirse las razones de índole jurídico y fáctico que abastecieran ese estudio; por el contrario, se ofrecieron aseveraciones reiterativas del cumplimiento de tales exigencias, desprovistas de los fundamentos que las soportaban”, señaló la Sala.

La Corte ratificó su jurisprudencia establecida desde 2023, según la cual la privación de libertad del condenado requiere una motivación clara de las razones por las que debe ser privado de la libertad al momento de proferir el sentido del fallo o conocerse la condena.

“Se ratifica el carácter excepcional de la restricción de la libertad, su aplicación bajo ciertos criterios y sobre todo la carga argumentativa que se necesita para limitarla en casos excepcionales”, destacó la corporación judicial.

El caso se originó el 1 de agosto de 2025, cuando Uribe fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos mencionados, con orden de captura inmediata. La defensa del exmandatario interpuso acción de tutela alegando vulneración de derechos fundamentales como la libertad, el debido proceso y la presunción de inocencia.

El 19 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió favorablemente la tutela, revocando la orden de captura y amparando el derecho fundamental a la libertad de Uribe. Esta decisión fue impugnada por los representantes de las víctimas, entre ellos el senador Iván Cepeda, y la Fiscalía.

El Tribunal Superior consideró que el buen comportamiento del procesado durante la actuación y su asistencia voluntaria a las citaciones contradecían la necesidad de privación inmediata de su libertad. Además, evaluó que, al haberse superado la fase probatoria en el proceso penal, el riesgo de afectación de la verdad o manipulación de las pruebas resultaba inexistente.

Con esta confirmación de la Corte Suprema, Uribe continuará en libertad mientras se tramita la apelación de su condena de primera instancia. El expediente fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión, según establecen los procedimientos judiciales.

Con información de caracol radio, bluradio y waradio