En una audiencia ante un juez penal de control de garantías en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación imputó al exembajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, como presunto responsable de los delitos de violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de un menor de edad.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios presentados por la delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el exdiplomático habría sostenido durante años un ciclo de violencia física, psicológica, económica y sexual contra su expareja mientras convivieron. La separación de la pareja no puso fin a las agresiones, que habrían continuado bajo un contexto de dominación y control.

Las investigaciones señalan que, tras conocer que su expareja había iniciado una nueva relación sentimental, Garcés Carabalí habría arrebatado la custodia de los hijos que tenían en común. Según la Fiscalía, para lograrlo interpuso acciones judiciales con base en testimonios falsos y pruebas cuestionables, con el objetivo de presentar a la madre como una persona que abandonaba y maltrataba a los menores.

Como consecuencia de estas actuaciones, la mujer actualmente solo mantiene una comunicación intermitente con sus hijos y no ha podido verlos de manera presencial, lo que agrava la afectación a sus derechos como madre.

Durante la diligencia judicial, el exembajador no aceptó los cargos formulados por el ente acusador. El proceso continuará en etapa de investigación, mientras la justicia define las medidas que se aplicarán en este caso.

El caso de Daniel Garcés Carabalí ha generado preocupación en sectores sociales y políticos, pues se trata de un alto exfuncionario del Estado señalado de conductas graves contra su expareja y madre de sus hijos. Para organizaciones defensoras de derechos de las mujeres, este proceso refleja la persistencia de la violencia de género en todos los niveles sociales, incluso en figuras de representación diplomática.