En consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro confirmó que el Gobierno de Donald Trump decidió descertificar a Colombia en la lucha contra las drogas, una medida que no se aplicaba desde 1996, durante la presidencia de Ernesto Samper y el escándalo del Proceso 8.000.

“Se afecta de una u otra manera el pueblo colombiano”, afirmó Petro, sin ofrecer mayores detalles sobre los alcances de la decisión. El anuncio abre un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales y plantea un escenario complejo para la política de seguridad y defensa del país.

La última descertificación ocurrió en el gobierno de Samper, cuando Washington consideró que los vínculos de su campaña presidencial con dineros del Cartel de Cali afectaban la cooperación antidrogas. Desde entonces, Colombia había mantenido la certificación, a pesar de tensiones recurrentes sobre el enfoque de la política contra el narcotráfico.

De la certificación dependen múltiples áreas de cooperación. Entre ellas, cerca de 500 millones de dólares anuales destinados a la Fuerza Pública, programas de entrenamiento militar, ejercicios conjuntos, intercambio de inteligencia y asistencia técnica en operaciones antidrogas.

La descertificación también puede impactar en el ámbito comercial y financiero, pues el reconocimiento estadounidense es visto como un aval a la estabilidad institucional y al compromiso del país en la lucha contra el crimen organizado.

El dilema de la política antidrogas

El anuncio llega en un momento en que el Gobierno colombiano enfrenta cuestionamientos por la efectividad de sus estrategias frente a la producción de cocaína. Según cifras de Naciones Unidas, en 2023 Colombia registró más de 250.000 hectáreas sembradas con coca, consolidándose como el mayor productor del mundo.

La decisión de Trump obliga al Ejecutivo a replantear sus líneas de acción. Por un lado, podría optar por ajustar la estrategia de seguridad hacia medidas tradicionales, como la **erradicación masiva de cultivos ilícitos**, una fórmula promovida históricamente por Washington pero que no ha resuelto el problema de fondo.

Por otro, existe la opción de mantener programas de sustitución voluntaria, desarrollo rural e innovación tecnológica para enfrentar el narcotráfico, aunque con el riesgo de que Estados Unidos mantenga su posición y prolongue la descertificación hacia 2026.

Un desafío político para Petro y su sucesor

La medida abre un debate de largo alcance. Para Petro, el reto será sostener la legitimidad de su política de drogas y evitar un debilitamiento de la cooperación internacional en seguridad. Para su sucesor, en 2026, el escenario puede ser aún más exigente: renegociar con Washington un marco de colaboración que combine intereses estratégicos y respeto por la autonomía nacional.

De momento, la Casa Blanca no ha entregado un documento oficial con los detalles de la descertificación, lo que deja abierta la discusión sobre sus consecuencias inmediatas. Lo cierto es que el episodio marca un punto de inflexión en la relación bilateral más importante de Colombia en materia de seguridad, defensa y lucha contra el narcotráfico.