La Corte Suprema de Justicia citó oficialmente al exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, para rendir declaración el martes 23 de septiembre a las 9:00 de la mañana, dentro del proceso que se adelanta contra la senadora Berenice Bedoya por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción.

La diligencia fue ordenada por el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda, encargado del proceso, y se realizará de manera presencial en la sala de audiencias de la Corte Suprema en Bogotá. La citación se formalizó mediante auto del 10 de septiembre de 2025 y fue notificada al defensor principal de López.

Bedoya, quien preside el partido Alianza Social Independiente (ASÍ), enfrenta señalamientos por su presunta intervención en la asignación de contratos públicos a cambio de apoyo legislativo, especialmente relacionado con la reforma pensional impulsada por el gobierno Petro.

Según el testimonio de Olmedo López ante la fiscal María Cristina Patiño, la senadora habría solicitado directamente la asignación de contratos para obras en los departamentos de Meta y Casanare. López atribuyó este interés al liderazgo de Bedoya dentro de ASÍ, partido con fuerte presencia en esas regiones.

Las declaraciones de López han sido determinantes para el avance de la investigación, implicando tanto a Bedoya como a la senadora Martha Peralta del Pacto Histórico. Según su relato, estas gestiones buscaban asegurar votos favorables a la reforma pensional, revelando una posible utilización de recursos públicos para obtener ventajas políticas en el Legislativo.

El exdirector detalló que Peralta habría gestionado, junto a varios socios, la adjudicación de un contrato por $2.125 millones destinado a la recuperación de jagüeyes en Riohacha, La Guajira. Esta solicitud se formalizó durante una reunión celebrada el 19 de septiembre de 2023 en las oficinas de la UNGRD, encuentro que quedó consignado en la minuta de acceso.

El principio de oportunidad otorgado a López le permite testificar contra aproximadamente 27 personas relacionadas con el caso, a cambio de beneficios procesales. Entre los señalados figuran exfuncionarios como Sandra Ortiz y Carlos Ramón González, que ya enfrentan procesos judiciales.

Una jueza avaló recientemente el principio de oportunidad para López, después de que en mayo pasado un juez anulara el preacuerdo inicial entre López y la Fiscalía. El magistrado consideró “irrisoria” la pena de seis años y dos meses acordada inicialmente frente a la magnitud de las conductas ilícitas atribuidas al exfuncionario.

El juzgado indicó que López habría participado en al menos tres actos delictivos apropiándose de más de $20.000 millones, comprometiéndose a devolver únicamente $724 millones según se conoció en audiencia.

Con información de wradio, chicanoticias e infobae