En medio de un clima de desconfianza, funcionarios del gobierno prefieren dejar sus celulares fuera de las salas de reunión antes de hablar de política. La razón, según ellos, es el temor a que sus conversaciones lleguen a oídos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la agencia civil creada en 2011 para reemplazar al cuestionado DAS, pero que en el actual gobierno ha cambiado de rumbo.

La DNI nació durante el gobierno de Juan Manuel Santos con inspiración en modelos como el MI6 británico, enfocada en la inteligencia estratégica internacional y con estrecha cooperación de agencias como la CIA de Estados Unidos y el Mossad de Israel. Sin embargo, con el presidente Gustavo Petro, el enfoque se desplazó hacia el interior del país.

De acuerdo con un informe de La Silla Vacía, la entidad tendría actualmente bajo su responsabilidad tareas que van desde la lucha contra la corrupción y la depuración de la fuerza pública hasta el acompañamiento en la “paz total” y la protección presidencial.

El director Jorge Arturo Lemus, cercano al mandatario, defiende este viraje: “Si no es estratégico cuidar al presidente, no sé qué sea estratégico”.

Mayor poder y más presupuesto

El cambio vino acompañado de un notable aumento de recursos. En 2023, el presupuesto de inversión de la DNI creció un 262% y para 2025 se proyecta un incremento cercano al 79% frente a 2022. Parte de esos fondos se destinaron a la construcción de una sede operativa en las afueras de Bogotá y a la modernización tecnológica de la entidad.

No obstante, exfuncionarios aseguran que muchas de estas obras ya estaban en marcha antes de Petro y advierten que persiste la falta de herramientas sofisticadas de inteligencia. Lemus, por su parte, sostiene que la entidad no utiliza software de interceptación masiva, como Pegasus, para evitar repetir prácticas ilegales del pasado.

La centralización de la inteligencia

Fuentes de la fuerza pública y del mismo gobierno señalan que la DNI se ha convertido en el canal prioritario de información para el presidente, incluso por encima de la Policía y las Fuerzas Militares. Esa centralización ha generado inquietudes sobre la calidad de los reportes, que en ocasiones habrían llegado a Petro sin verificación completa.

Un ejemplo fue la crisis en el Catatumbo: según fuentes de seguridad, la DNI informó que el ELN trasladó tropas desde Arauca, dato que el presidente repitió públicamente, aunque luego se confirmó que solo se movilizó un pequeño grupo.

Un servicio secreto a la colombiana

Además de las funciones de inteligencia estratégica, la DNI asumió la protección presidencial. Desde 2023, agentes de la entidad realizan labores antidrones y antiexplosivos en la Casa de Nariño y acompañan al mandatario en sus desplazamientos, un rol que históricamente estaba en manos de la UNP.

Para algunos analistas, este viraje convierte a la DNI en una especie de “servicio secreto” colombiano, al estilo del de Estados Unidos, pero con un marcado énfasis político.

 Entre la seguridad y la desconfianza

El empoderamiento de la DNI, dirigido por funcionarios cercanos a Petro y en su mayoría con pasado en el M-19, despierta recelos en sectores de la oposición y dentro de las fuerzas de seguridad. Exagentes advierten que la acumulación de funciones recuerda al desaparecido DAS, liquidado hace más de una década por sus excesos y escándalos de corrupción.

El gobierno, en cambio, defiende el fortalecimiento de la agencia como una herramienta esencial para la seguridad nacional y la implementación de la paz total.

Lo cierto es que la DNI nunca había tenido tanto poder y cercanía con el presidente. Para algunos, es el reflejo de una estrategia de protección frente a un contexto político convulso; para otros, un riesgo de que la inteligencia se convierta en un instrumento político en manos del Ejecutivo.