El presidente Gustavo Petro reabrió el debate sobre la aspersión aérea de cultivos ilícitos con glifosato. A través de su cuenta de X, el mandatario señaló que la Corte Constitucional debería revisar sus restricciones frente a esta práctica, en el marco de los enfrentamientos que se registran entre civiles y el Ejército en zonas de erradicación.

“Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al Ejército habrá fumigación aérea”, escribió el jefe de Estado en la red social.

Restricciones de la Corte Constitucional

El uso del glifosato ha sido objeto de múltiples pronunciamientos judiciales. En 2017, la Corte Constitucional emitió la sentencia T-236, en la que fijó parámetros estrictos para autorizar la reanudación de la aspersión. Posteriormente, en 2019, el alto tribunal reiteró que la decisión corresponde al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), aunque condicionada al cumplimiento de medidas de precaución.

De acuerdo con la jurisprudencia vigente, cualquier intento de reactivar el programa debe garantizar la participación de las comunidades potencialmente afectadas, la realización de consultas previas con pueblos étnicos y la aplicación de protocolos ambientales y sanitarios que reduzcan los riesgos.

Los argumentos en disputa

El gobierno de Petro ha mantenido, desde su inicio, un discurso crítico frente al uso del glifosato, defendiendo alternativas como la sustitución voluntaria de cultivos y el desarrollo rural. No obstante, los recientes choques entre comunidades y la Fuerza Pública parecen haber llevado al presidente a reconsiderar el alcance de estas medidas.

La Corte, por su parte, ha insistido en que el principio de precaución es clave ante las evidencias de posibles impactos negativos del glifosato sobre la salud humana y el medio ambiente. Por esa razón, los autos y sentencias emitidos en los últimos años han reiterado que no existe una autorización automática para la fumigación aérea.