La Corte Constitucional ordenó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) modificar sus procedimientos internos para adoptar medidas de protección integral dirigidas a personas mayores de 25 años que permanecen bajo su cuidado en condiciones excepcionales de vulnerabilidad. La decisión busca garantizar los derechos fundamentales a la dignidad humana, educación, salud, trabajo y mínimo vital.

La Sala Segunda de Revisión, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, tomó esta determinación tras analizar la tutela presentada por “Daniel” contra el ICBF. El accionante alegó vulneración de sus derechos al finalizar su medida de protección sin considerar sus dificultades para construir un proyecto de vida independiente.

La historia del demandante incluye abandono parental durante la infancia y reclusión en una cueva antes de ingresar al sistema de bienestar familiar. Según el expediente, el joven carece de red de apoyo familiar para continuar su desarrollo personal y profesional tras el egreso del instituto.

La Corte ordenó al ICBF realizar un diagnóstico actualizado tanto psicológico como psiquiátrico y multidisciplinario a “Daniel”, ejecutado por un comité de expertos. Este procedimiento determinará si debe continuar bajo medidas de protección institucional y establecerá las modalidades de atención más adecuadas.

El alto tribunal estableció que, de confirmarse la necesidad de permanencia en el sistema, el instituto debe implementar un enfoque diferencial que respete el principio de interés superior de niños, niñas y adolescentes, evitando la cohabitación entre menores y adultos.

“En caso de concluirse que debe continuar bajo la protección del ICBF, el instituto deberá aplicar un enfoque diferencial y adoptar una modalidad de atención para este, que respete el principio de interés superior de niños, niñas y adolescentes, y evite la cohabitación de niños con adultos, garantizando espacios adecuados que protejan su desarrollo físico, emocional y social”, señala la decisión judicial.

Esta medida busca proteger tanto los derechos de los menores como los de los adultos que requieren atención especializada del sistema de bienestar familiar.

Los nuevos lineamientos del ICBF deberán incluir mecanismos de articulación con el Servicio Público de Empleo para facilitar la inserción laboral de las personas bajo protección. Esta medida apunta a garantizar un egreso digno y la construcción de proyectos de vida viables para esta población vulnerable.

La Corte enfatizó que el enfoque debe reconocer cómo las experiencias previas de abandono, maltrato o vulneración de derechos inciden en cada persona y su potencial impacto en la salud mental, las relaciones interpersonales y el desarrollo personal y profesional.

Con información de wradio y agenciapi